América Latina
Por César Illiano
BUENOS AIRES (Reuters) - La presidenta argentina, Cristina Fernández, congregó el miércoles a miles de personas en la histórica Plaza de Mayo para dar un discurso en el que acusó al sector rural, que desde hace casi 100 días reclama por un alza de impuestos, de atentar contra la democracia.
Más tarde, y como respuesta que tensa mucho más las relaciones, los productores agropecuarios prolongaron en 48 horas, hasta el viernes inclusive, una huelga para comercializar granos de exportación y rechazaron un proyecto de ley sobre el particular enviado por el Ejecutivo al Congreso.
La mandataria había pedido a los productores que levanten la protesta, que paraliza la actividad agrícola de uno de los mayores proveedores de alimentos del mundo, y también llamó a la clase media que la rechaza a dejar de lado las protestas porque, dijo, no resolverán el conflicto.
"Tenemos que aprender (...) a procesar democráticamente nuestras diferencias, tal vez con tanto golpe de Estado, con tanta interrupción institucional que hemos vivido, creemos que todo se arregla con intolerancia, con golpes, con bocina, cacerola o corte de ruta," dijo Fernández.
El sector rural resiste un alza de impuestos a las exportaciones de granos aplicada en marzo con huelgas y bloqueos de carreteras, pero el Gobierno se ha negado a revisar la política porque asegura que es clave para distribuir la renta extraordinaria del sector hacia las clases populares.
COLORIDO
Con banderas argentinas y carteles de apoyo a Fernández, los manifestantes llenaron la plaza frente a la Casa Rosada, paralizando la actividad en el centro de Buenos Aires y siguiendo el llamado oficial a "defender la democracia" del sector rural que el Gobierno tilda de "golpista."
"Me parece una barbaridad que sectores siempre beneficiados estén intentando derrocar un gobierno constitucional. Si después de cuatro años demuestra que no ha sido eficiente tendremos otra oportunidad para votar a otra persona," dijo Patricia Echeverría, una secretaria de 55 años, en la plaza.
A su alrededor, muchos manifestantes portaban banderas con la leyenda: "ïFuerza Cristina! Ni un paso atrás," mientras que otros vendían retratos de Juan y Eva Perón.
Durante el discurso, la presidenta, que sufrió un derrumbe en su popularidad desde que comenzó en marzo esta disputa que complica el abastecimiento de alimentos, acusó a los cuatro líderes de las entidades rurales en conflicto, "a quien nadie votó," de querer desestabilizar su Gobierno.
"Liberen las rutas y dejen que los argentinos volvamos a producir y trabajar," exhortó Fernández y convocó a todos los sectores a discutir las políticas de largo plazo.
El acto llega como una respuesta a las protestas de miles de ciudadanos de clase media que el lunes por la noche salieron a las calles de Buenos Aires y ciudades del interior para mostrar su descontento con la gestión de Fernández.
La manifestación se desarrolló un día después de que el conflicto insinuara encarrilarse con la decisión de la presidenta de enviar al Congreso un proyecto con la intención de que se ratifique la medida impositiva.
Las acciones, los bonos y el peso en los mercados locales subieron y reflejaron las esperanzas de que la intervención del Congreso logre cerrar la crisis, al tiempo que en el mercado de Chicago los precios de la soja caían ante la expectativa que se solucione la disputa y los productores levanten la huelga.
El anuncio fue leído en principio como una salida institucional a la crisis, que ya lleva casi 100 días, aunque ya aparecieron críticos que advierten que la jugada oficial no implicará un debate amplio de la política oficial.
RECHAZO RURAL
"No estamos de acuerdo con el proyecto tal como se envió, solitamos que se abra para que surjan modificaciones por consenso dentro del Congreso. Si se aprueba tal como está, se convalida (...) el mismo esquema de altísimas retenciones," dijo en rueda de prensa Eduardo Buzzi, presidente de Federación Agraria Argentina (FAA).
Los analistas miran ahora con atención lo que ocurrirá desde la semana próxima en el Congreso, donde el sector del peronismo que lidera Fernández y Kirchner son mayoría.
Los productores rurales, que prolongaron por dos días la huelga comercial que incluye no vender granos y tener presencia en las carreteras sin bloquearlas, buscarán convencer durante el fin de semana a legisladores oficialistas de provincias agrícolas para que rechacen el proyecto oficial.
Incluso, dijeron que volverán a solicitar una entrevista con la presidenta Fernández.
"Es tiempo de no más descalificaciones ni agresiones. No somos desestabilizadores ni golpistas, no somos desabastecedores (de alimentos)," recalcó Buzzi.
El Gobierno ya recibe críticas por no impulsar un debate del problema sino buscar que las dos cámaras solo aprueben o desaprueben el proyecto oficial tal como fue redactado.
Pero se defiende diciendo que ni siquiera tenían obligación de involucrar al Congreso -el Poder Ejecutivo tiene facultades para modificar tasas aduaneras- y que lo hicieron sólo como un gesto de buena voluntad.
"Esta facultad ni siquiera la tenía el Congreso. El Parlamento no tenía nada que ver con el tema. (Fue) la presidenta la que decidió, en virtud del cariz que tomaron los hechos, girar la iniciativa para que el Legislativo pueda debatirla y hasta rechazarla," dijo Alberto Fernández, jefe de Gabinete.
(Reporte de César Illiano, reporte adicional de Kevin Gray y Jorge Otaola. Editado por Gabriela Donoso y Javier Leira)
Terra/Reuters