América Latina
Las principales entidades rurales de Argentina anunciaron el miércoles que continuarán por dos días la huelga de comercialización de granos en rechazo al nuevo esquema de gravámenes a la exportación, luego de que la presidenta Cristina Fernández acusara a los dirigentes rurales de pretender "interferir en la democracia".
Las cuatro organizaciones también rechazaron el proyecto de ley que la mandataria giró el martes al Congreso para ratificar el polémico sistema de retenciones (gravámenes).
"Hemos analizado este proyecto de ley que gira al Congreso el tema de las retenciones móviles y queremos en este sentido señalar que valoramos el gesto... pero también queremos señalar a las autoridades y a nuestros productores que no estamos de acuerdo con el proyecto tal como se envió", dijo Eduardo Buzzi, presidente de la Federación Agraria Argentina, durante una conferencia de prensa conjunta de las entidades.
Por tanto, resolvieron "continuar con la no comercialización de granos para exportación hasta el viernes 20 de junio a las 24 horas", añadió.
La huelga debía finalizar a la medianoche del miércoles.
El nuevo sistema de retenciones, que ata el impuesto al precio de los granos en el mercado internacional, es rechazado por los agricultores, que ya realizaron cuatro huelgas en 100 días provocando desabastecimiento de alimentos y combustibles.
Argentina es el tercer productor mundial de soja y trigo.
El proyecto enviado al Congreso _donde el oficialismo tiene mayoría en ambas cámaras_ sólo permite ratificar o rechazar las nuevas retenciones, pero no modificarlas. El nuevo esquema impositivo se mantendrá vigente hasta que se pronuncien los legisladores.
El gobierno adelantó que si el Congreso rechaza las retenciones, éstas no se aplicarán. Pero algunos legisladores han manifestado sus reparos al proyecto porque no deja espacio para el debate parlamentario sobre los gravámenes.
En un multitudinario acto en la Plaza de Mayo, la presidenta convocó el miércoles al diálogo al sector agropecuario, pero retomó el tono provocador de alocuciones anteriores.
"Quiero convocar a todos a que discutamos... cómo podemos mejorar nuestras políticas agropecuarias para producir más", dijo la mandataria ante unas 100.000 personas, según estimó la oficina de prensa de la presidencia.
Durante el discurso de 25 minutos, Fernández sostuvo que, a medida que avanzó la discusión con el agro, el reclamo "ya no era retenciones sí o no; estaban interfiriendo en la democracia".
"Puede haber diálogo, discusión y debate... pero dialogar puede ser también no estar de acuerdo en algún punto. Tenemos que aprender de una vez por todas a procesar democráticamente nuestras diferencias. Tal vez con tanto golpe de Estado, con tanta interrupción institucional que hemos vivido, creemos que todo se arregla con intolerancia, con golpes, con bocina, cacerolas o cortes de ruta", agregó, aludiendo a los múltiples "cacerolazos" del lunes en los que miles de argentinos reclamaron al gobierno que retome el diálogo con el campo.
"Es tiempo de no más descalificaciones, de no más agresiones.... no somos desestabilizadores, no somos menos aún golpistas", respondió Buzzi.
Fernández fue la única oradora del acto organizado por el Partido Justicialista (peronista) en el que la mayoría de los asistentes fue convocada por los sindicatos aliados al gobierno y el núcleo duro de los "peronistas K", como se denominan los alcaldes de las localidades del cordón urbano que rodea la capital que responden al matrimonio de Fernández y el ex presidente Néstor Kirchner.
Con banderas argentinas y pancartas con la leyenda "Fuerza Cristina. Ni un paso atrás", los manifestantes paralizaron el tráfico en el centro de Buenos Aires.
Algunos dirigentes y gobernadores peronistas no participaron del acto, lo que según analistas podría ser un signo de fisura en el seno del oficialismo.
El periodista Nicholas Kusnetz de The Associated Press en Buenos Aires colaboró con este despacho.
Terra/AP