Insulza y política española critican ley de inmigración en Europa

20/6/2008 - 03:21(GMT)

El secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y una dirigente socialista de España rechazaron el jueves la decisión del Parlamento Europeo de extender hasta por 18 meses el plazo en que los inmigrantes pueden permanecer detenidos a la espera de deportación.

José Miguel Insulza dijo que la decisión aprobada el miércoles en París se trata de "una medida represiva... que afecta directamente a muchos latinoamericanos".

"Es una paradoja que mientras se negocian acuerdos importantes en materia comercial y se habla de alianzas estratégicas, se adoptan de manera unilateral medidas como la internación prolongada, que tratan como delincuentes a los inmigrantes ilegales, sin siquiera discutir ni negociar el tema con los gobiernos latinoamericanos", afirmó en una declaración escrita.

Elena Valenciano, secretaria de relaciones exteriores del PSOE, el Partido Socialista Obrero Español del gobierno de Madrid, afirmó que el tiempo máximo de 18 meses de detención "es exageradamente largo" y explicó que en el caso de España el límite es 40 días.

"En España todo el proceso se hace en presencia del juez, y muchas veces no se puede terminar en 40 días y el inmigrante es puesto en la calle, pero su situación sigue siendo jurídicamente ilegal", dijo Valenciano a la AP.

La llamada "Directiva de retorno", aprobada por el Parlamento Europeo, ha estado en discusión durante cinco años porque "la legislación comunitaria es difícil de elaborar", explicó Valenciano, quien está sosteniendo en Washington entrevistas con dirigentes de los partidos Demócrata y Republicano.

"El texto que ha surgido después de este proceso es mucho mejor del que se nos ha presentado inicialmente, y lo que pretende la directiva es armonizar la política de retorno", dijo. "Fundamentalmente se refiere a eso y no a aspectos de política de inmigración".

La medida ha sido también criticada por grupos de derechos humanos debido a que "promueve una excesiva permanencia (de los indocumentados) en la cárcel". Pero quienes la defienden han alegado que más bien los protege al fijar un plazo máximo para resolver un caso, evitando la detención indefinida que sufrían los indocumentados en varios países europeos.

"El flujo migratorio de latinoamericanos hacia Europa, al igual que hacia América del Norte, continuará mientras existan allí fuentes de trabajo que no existen en los países de origen de estos migrantes", dijo Insulza.

Terra/AP