Perú propone OEA intervenga sobre ley de inmigración de UE

20/6/2008 - 18:21(GMT)

El presidente Alan García propuso que los países miembros de la OEA se reúnan para definir una postura continental ante las nuevas leyes europeas para deportar a inmigrantes indocumentados, algo que consideró "injusto" y discriminatorio.

"Esto es absolutamente injusto y poco cristiano", dijo García al comentar la aprobación por el Parlamento Europeo de la denominada "Directiva de retorno", que permite entre otras cosas, el encarcelamiento de los inmigrantes por hasta 18 meses antes de ser deportados.

Los miembros del Mercosur repudiaron la medida en una declaración divulgada el viernes, en la cual ratificaron "su firme compromiso con la promoción y el respeto irrestricto de los derechos humanos de las personas migrantes y sus familias, independientemente de su condición migratoria, nacionalidad, origen étnico, género o edad".

El bloque, cuya secretaría Pro témpore ostenta la Argentina, destacó la "necesidad de reconocer el principio de corresponsabilidad entre los países de origen, tránsito y destino de los flujos migratorios". Los miembros del grupo son Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela.

En la víspera, el presidente venezolano Hugo Chávez amenazó con no vender petróleo a los países europeos que apliquen la polémica legislación, mientras su colega de Bolivia, Evo Morales, calificó la medida como una "agresión contra la humanidad".

En Santiago, el canciller Alejandro Foxley lamentó la decisión del Parlamento Europeo, al señalar que se debía tener un trato "más generoso, más humanitario con los migrantes".

"Si no, la globalización se convierte en un fenómeno del cual sólo se benefician los que hacen negocios...", dijo Foxley y consideró que "la dirección en que se debe mover el mundo es la de ir facilitando gradualmente el libre tránsito de las personas".

García anunció que pedirá al Secretario General de la OEA, José Miguel Insulza, que convoque a una asamblea general, que consideró el foro más adecuado para discutir el tema, debido a la presencia mayoritaria de países de Latinoamérica y el Caribe.

"Nosotros tenemos que defender a los connacionales y decimos que por liberarse de unos cuantos no se puede afectar a millones de latinoamericanos que allí existen. No es justo, lo haremos saber", expresó.

Recordó que "América siempre fue generosa" cuando se produjeron las masivas migraciones de europeos a países como Argentina, Brasil y Estados Unidos en el siglo 19. "A nadie se le ocurrió en ese momento dar una ley de expulsión de extranjeros".

García indicó que su gobierno optará por actuar diplomáticamente, y evalúa el envío de misiones especiales ante los gobiernos europeos, por lo que descartó alguna forma de represalias como "bloqueo o cierre de fronteras".

La misma acción adoptará Bolivia al enviar funcionarios consulares a Europa del 7 al 11 de julio para sostener reuniones con autoridades europeas, informó en La Paz el canciller David Choquehuanca. Embajadores de la Unión Europea en Bolivia explicaron el viernes al presidente Morales que la polémica "directiva de retorno" podrá ser "humanizada más" en acuerdos bilaterales o multilaterales.

García expresó su confianza en que el polémico tema no entorpecerá las relaciones entre América Latina y Europa, pero manifestó su extrañeza por la medida en momentos de una tendencia mundial hacia la globalización de los mercados, que según indicó, también debe comprender a los seres humanos.

En Quito, la Secretaria Nacional del Migrante, Lorena Escudero, señaló que el diálogo político entre la Comunidad Andina de Naciones (CAN) y la Unión Europea para alcanzar un tratado de libre comercio "no puede continuar" si es que los europeos hacen oídos sordos a los reparos andinos a las nuevas leyes de inmigración. El presidente de Ecuador, Rafael Correa, había calificado a la nueva legislación como "una vergüenza" para Europa.

En Montevideo, el secretario general Iberoamericano, Enrique Iglesias, cuestionó las medidas que "pueden producir grandes injusticias". Instó a reconocer la contribución de los migrantes a los países de acogida, y el principio de que los migrantes "no son delincuentes" y deben ser tratados "con absoluto respeto a sus derechos humanos".

Los periodistas Jeanneth Valdivieso, en AP Quito, Raúl Garcés, en AP Montevideo, Paola Flores, en AP La Paz, y Eva Vergara, en AP Santiago, colaboraron con esta información.

Terra/AP