América Latina
Por Luis Jaime Acosta
BOGOTA (Reuters) - El presidente de Colombia, Alvaro Uribe, anunció el jueves que pedirá al Congreso tramitar un referendo para repetir la elección del 2006, después de que la Corte Suprema de Justicia puso en duda la legalidad de la reforma constitucional que permitió su reelección.
De prosperar la iniciativa, el mandatario colombiano podría continuar en el poder más allá del 2010 cuando vence su actual período, sin necesidad de que se apruebe una nueva reforma constitucional que facilite su segunda reelección consecutiva.
"La trampa del poder del terrorismo agónico para la cual se han prestado magistrados de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia no parece tener solución judicial, en consecuencia el camino correcto debe ser la regla democrática," dijo Uribe en una alocución por radio y televisión.
"Convocaré al Congreso de la República para que tramite, con la mayor celeridad, un proyecto de ley de referendo que llame al pueblo a ordenar la inmediata repetición de las elecciones presidenciales del 2006," explicó.
La Corte Suprema de Justicia puso en duda la legalidad de la reforma constitucional que permitió la reelección de Uribe y al condenar a una política que confesó que la aprobó con un soborno, pidió revisar la forma como se autorizó la norma.
"La Sala ordenó la remisión de copia de la sentencia a la Corte Constitucional y a la Procuraduría General de la Nación (...) al considerar que las razones de hecho y de derecho que sirvieron de fundamento a la decisión indican que la aprobación de la reforma constitucional fue expresión de una clara y manifiesta desviación de poder," dijo el fallo.
El tribunal condenó a casi 4 años de arresto domiciliario la ex congresista Yidis Medina, quien dijo haber aceptado prebendas del Gobierno para aprobar una reforma constitucional que permitió la reelección de Uribe.
La sentencia de 47 meses y 26 días de prisión por el delito de cohecho contra la ex legisladora abre el camino para que funcionarios del Gobierno sean condenados en el mismo proceso.
Esto se debe a que el delito de cohecho implica dos partes, el que ofrece y el que recibe un soborno, explicaron fuentes judiciales.
ACUSACIONES A LA CORTE
No quedaron en claro de inmediato las consecuencias que podría tener el eventual hecho de que los tribunales comprueben ilegalidad en el trámite y aprobación de la reforma constitucional que autorizó la reelección presidencial.
Pero Uribe acusó a la Sala Penal de la corte de aplicar justicia selectiva y de atemorizar al Congreso, que es su juez constitucional.
El mandatario dijo que el fallo de la corte se basó en una auto incriminación de una persona con antecedentes delictivos que busca desvirtuar la transparencia con que se tramitó y aprobó la reforma constitucional y acusó a la corte de desconocer elementos probatorios.
La condena de la Corte Suprema de Justicia a Medina se conoció dos días después de que el embajador de Colombia en Italia, Sabas Pretelt, declaró ante la Fiscalía General por el mismo caso.
El escándalo y la posterior investigación comenzó en abril, luego de que la ex congresista del Partido Conservador dijo que cambió su voto a favor de la reelección presidencial inmediata en el 2004 después de que funcionarios del Gobierno le ofrecieron cargos burocráticos.
Además de Pretelt, quien esa época se desempeñaba como ministro del Interior, Medina inculpó en sus declaraciones al Ministro de Protección Social, Diego Palacio, y a otros funcionarios cercanos a Uribe.
La Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes decidió en mayo investigar por el mismo caso a Uribe, mientras que los ex congresistas Teodolindo Avendaño e Iván Díaz permanecen encarcelados.
Medina sostuvo que se oponía a la reelección presidencial inmediata, pero que después de las ofertas del Gobierno cambió su voto, un respaldo que fue decisivo para impulsar el proyecto de ley que aprobó el Congreso y que luego avaló la Corte Constitucional.
El trámite y la aprobación de esa reforma constitucional abrieron el camino para que Uribe fuera reelegido en el 2006.
Uribe, quien asumió el poder el 7 de agosto del 2002, dijo recientemente que la acusación de la política podría formar parte de un plan para desacreditar su gestión.
Las acusaciones de soborno se presentan en momentos en que el Congreso de Colombia es sacudido por una crisis política y un escándalo que mantiene en prisión a por lo menos 32 legisladores, mientras que más de 30 son investigados por sus presuntos nexos con los escuadrones de ultraderecha.
(Reporte de Luis Jaime Acosta; Editado por Ricardo Figueroa)
Terra/Reuters