Preocupación por libertad de prensa en Ecuador

9/7/2008 - 15:21(GMT)

El gobierno garantizó el miércoles la libertad de prensa en Ecuador pero los críticos llamaron a vigilar sus próximos pasos, luego de la incautación en la víspera de canales de televisión y cerca de 200 empresas para resarcir deudas de un banco quebrado a finales de los noventa.

En tanto, el Consejo Nacional de Radio y Televisión, Conartel, gubernamental, anunció un proceso para revertir al estado 229 frecuencias concedidas a radioemisoras y estaciones de televisión, por denunciadas irregularidades. Conartel había anunciado esta medida el año pasado.

"Lo que se está incautando no es la libertad de expresión de nadie, sino un patrimonio", advirtió el ministro de Gobierno, Fernando Bustamante entrevistado por radio Sonorama.

"Hay un grupo de 190 y tantas empresas que son sometidas a medidas cautelares, que son incautadas preventivamente, entre ellas hay algunas empresas de comunicación ... (pero) no es para tener medios de comunicación. El estado lo que quiere es tener patrimonio que le permita cumplir con obligaciones financieras", explicó el ministro.

Dos grandes canales de televisión y un canal de televisión por cable constan entre los bienes incautados por el gobierno con el fin de cubrir deudas con acreedores del ex Filanbanco, propiedad de los hermanos William y Roberto Isaías Dassum.

Los hermanos viven en Estados Unidos y enfrentan en Ecuador juicios penales acusados de presunto peculado por lo que sobre ellos pesan pedidos de extradición de las autoridades ecuatorianas.

Carlos Bravo, gerente de la Agencia de Garantía de Depósitos (AGD), entidad gubernamental que ordenó en la víspera la incautación, aseguró que "al gobierno no le interesa absolutamente para nada" mantener es su poder ningún bien incautado y que hará los esfuerzos para que "inmediatamente" pasen a manos privadas.

Ningún vocero de la AGD fue localizado para determinar si todas las empresas cuentan ya con interventores estatales. Un recorrido de los periodistas por algunas compañías encontró a los empleados en medio de la incertidumbre sobre la suerte de esas entidades.

En cuanto a los canales de televisión, TC Televisión y Gamavisión, mantienen su programación regular y sus noticieros ya salían al aire con aparente normalidad el miércoles. Esas estaciones de televisión son administradas por funcionarios del canal estatal.

El diario El Comercio, en su editorial del miércoles indicó que "el país debe estar muy atento para que la administración sea temporal y no haya injerencia gubernamental en el contenido".

Recordó el caso del diario El Telégrafo que pertenecía a otro banco quebrado, el Banco del Progreso, y que en marzo del 2002 pasó a manos del estado, sin que hasta ahora haya sido entregado a manos privadas.

Por su parte, el diario El Universo, el de mayor circulación del país, consideró la acción del gobierno como una "maniobra electoral". Añadió que la intervención del gobierno en los canales incautados "constituye un atropello a la libertad de expresión, disfrazado de reivindicación social".

"Con ese pretexto se quiera avanzar en el control estatal de los medios de comunicación", añadió, argumentando que la incautación ocurre a las puertas del referendo para aprobar la nueva Constitución, que redacta la mayoría oficialista en la Asamblea Constituyente.

La Asociación Internacional de Radiodifusión consideró que la medida "afecta severamente la libertad de expresión". La organización exhortó al gobierno a "rectificar".

Gremios periodísticos del Ecuador reconocieron que la decisión del gobierno fue legal, que "obedece a un conflicto estrictamente financiero, empresarial y legal y nada tiene que ver con la libertad de expresión, que ha sido argüida por algunos sectores".

En una rueda de prensa, el presidente del Conartel, Jorge Yunda, confirmó este miércoles que "se inició el proceso de reversión hasta el momento de 229 frecuencias ... de radio, televisión y operadores de televisión por cable". Dijo que un informe de Contraloría reveló una serie de irregularidades como contratos no firmados a tiempo y concesiones otorgadas sin informes favorables, entre otras. Los afectados podrán presentar apelaciones.

Terra/AP