América Latina
Una organización de derechos humanos afirmó el miércoles que el gobierno peruano no estaba cumpliendo sus propias leyes al negarse a realizar abortos cuando la vida y salud de la mujer están en riesgo.
Human Rights Watch dijo que con esa actitud, el gobierno del presidente Alan García estaba forzando a las embarazadas al empleo de medios ilegales e insalubres para poner fin a los "embarazos riesgosos".
El aborto es legal en Perú si el embarazo pone en riesgo la vida de la mujer y cuando sea necesario para proteger la salud de la embarazada. Pero, el aborto legal prácticamente no está disponible en los hospitales públicos, por lo cual muchas mujeres buscan procedimientos clandestinos para terminar con su preñez, dijo la organización.
"Las mujeres y niñas que enfrentan embarazos que podrían matarlas o lesionarlas de por vida no reciben abortos legales o no saben cómo acceder a ese derecho", dijo Angela Heimburger, autora del estudio. "El gobierno no sólo tiene la obligación de despertar conciencia sobre el derecho a un aborto seguro, digno y al alcance de todos los presupuestos, sino que debería facilitar el propio procedimiento".
Human Rights Watch dijo que encontró en su estudio de 52 páginas "varios obstáculos para un aborto legal accesible", entre las cuales mencionó las ambigüedades en el sistema legal peruano que incrementan los temores de procesos judiciales tanto de médicos como de las propias mujeres.
"No hay un protocolo nacional que proporcione normas estándar sobre cuándo debe realizarse un aborto terapéutico", agregó.
El grupo, con sede en Washington, dijo que no disponía de estadísticas sobre los abortos en Perú. Indicó que en entrevistas con mujeres, clínicas, activistas y funcionarios gubernamentales, estableció que las mujeres en general carecen de información sobre su derecho a un aborto legal.
Recordó que en el caso K.L contra Perú, en el cual una adolescente de 17 años fue obligada a llegar hasta el final con un embarazo riesgoso, el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas estableció en 2005 que el gobierno peruano había violado los derechos de la joven y que "tiene la obligación de adoptar las medidas necesarias para que ese tipo de hecho no se repita".
"Hasta la fecha, el gobierno peruano no ha adoptado ninguna acción y no está cumpliendo las recomendaciones del Comité de Derechos Humanos", dijo Human Rights Watch.
Terra/AP