América Latina
Miles de venezolanos marcharon el sábado en rechazo a las inhabilitaciones que la Contraloría General de la República dictó contra candidatos de oposición que optan a cargos regionales.
Gritando "Libertad" y ondeando banderas venezolanas, los manifestantes llegaron por segunda vez hasta la Corte Suprema de justicia, donde exigieron que fuese desconocida la lista de 272 candidatos, la mayoría de oposición, a quienes la contraloría les impide participar en las elecciones municipales en noviembre.
"No podemos permitir que nuestros derechos civiles sean atropellados, por eso estamos exigiendo que el tribunal se declare la lista como inconstitucional", dijo Verónica Pino, una secretaria de 35 años, quien llevaba una pancarta que decía: "¡No a la inhabilitación! ¡Si a la constitución!".
Periodistas en el acto hicieron un cálculo estimado de unos 10 mil participantes. No hay cifras oficiales por parte de las autoridades.
Aunque ninguna ha sido acusada formalmente de ningún delito, el contralor general de la república, Clodosbaldo Russian, anunció en febrero una lista de 386 personas que no podrían postularse como candidatos porque se les vincula con cargos que van desde nepotismo hasta el otorgamiento ilegal de contratos públicos.
El viernes la contraloría redujo la cantidad de personas inhabilitadas para el ejercicio político de cerca de 371 a 272, debido al vencimiento de los períodos de la sanción, según informó el mismo Russian.
Sin embargo los líderes de oposición afirman que se sigue violando la constitución venezolana, la cual defiende los derechos políticos de todos los ciudadanos a menos que estos sean acusados de un crimen y condenados por un tribunal. Hasta ahora ninguno de los nombres de la lista tiene esa connotación.
Los representantes de la Iglesia católica venezolana condenaron la lista esta semana, y tomaron la prohibición como "una medida que opaca el ambiente democrático" para las elecciones.
Otros que piensan que Russian viola la ley con este listado son por lo menos 12 de miembros de la asamblea nacional, quienes en 1999 crearon la constitución vigente. Uno de ellos es la ex-esposa de Chávez, Marisabel Rodriguez, quien también se sumó a la marcha en medio de aclamaciones y abrazos de varios participantes.
Rodriguez se ha convertido en una de las más duras críticas del gobierno luego de divorciarse de Chávez en el 2004. También criticó a Russian por excluir ilegalmente a "los que no comparten la agenda socialista".
Chávez ha apoyado a su contralor y lo defiende de sus detractores cada vez que se toca el tema.
"Ahora lo acusan que está cumpliendo órdenes mías; no, no son ordenes mías. Debería darles vergüenza a los que están reclamando" por los derechos de los inhabilitados, dijo Chávez. "Muchos de ellos deberían de estar en prisión más bien".
La presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, TSJ, Luisa Estella Morales, insistió el viernes en la independencia de este órgano, y aseguró que los jueces estudian el caso muy de cerca.
"No aceptaremos presión de marchas ni del gobierno", dijo la magistrada.
Los líderes de oposición exigen que el tribunal emita un dictamen antes del 5 de agosto, cuando los políticos que aspiran a cargos públicos deben formalizar su inscripción ante el Consejo Nacional Electoral.
Terra/AP