Un caso de violencia policial aviva el debate sobre la pena de muerte

14/7/2008 - 16:26(GMT) El presidente de la CDC, José Irizarry, defendió que "en ningún caso" se justifica la aplicación de la pena de muerte, que es "algo aberrante" viniendo del Estado, que debería "velar por el bienestar de todos los ciudadanos".

"Condenamos la brutalidad policiaca, sin embargo, los miembros de este cuerpo que la hayan cometido, bajo ninguna circunstancia deben ser castigados con la aplicación de la pena capital", añadió.

Según la Policía municipal de San Juan, el 20 de julio de 2003 dos agentes acudieron a atender a Rivera Robles, de 34 años, cuando éste gritaba en la calle que lo iban a matar, pero rechazó la ayuda de los uniformados, con los que se enfrentó en un forcejeo y acabó huyendo tras apropiarse de un automóvil policial.

Cuando los policías encontraron a Rivera Robles poco después en una gasolinera, supuestamente lo golpearon y poco después de llegar al cuartel murió.

En enero de este año, el Departamento de Justicia de Puerto Rico aseguró que hará "todo lo que esté a su alcance" para que EE.UU. no imponga la pena de muerte en la isla caribeña ni contra ningún puertorriqueño en otros estados.

El secretario puertorriqueño de Justicia, Roberto Sánchez Ramos, anunció la aplicación de una serie de medidas recomendadas por la Comisión Contra la Pena de Muerte de Puerto Rico para disuadir a la Justicia federal de aplicar la pena de muerte en el Estado Libre Asociado (ELA).

Uno de los últimos casos en Puerto Rico en el que la fiscalía federal pedía la pena de muerte fue contra Carlos Ayala López, que el 27 de octubre de 2006 fue sentenciado a prisión de por vida por el asesinato de un agente federal.

El último puertorriqueño ejecutado, en Florida, fue Ángel Nieves Díaz, el 13 de diciembre de 2006.

Terra/EFE