INMIGRACIÓN
Denver, 15 jul (EFE)- Un alguacil del oeste de Colorado dijo hoy que el creciente número de indocumentados en la cárcel de su condado cuesta miles de dólares al día adicionales, sin que el gobierno estatal ni el federal reembolsen esos gastos.
Según el alguacil John Minor, del condado Summit (un centro turístico al oeste de Denver), en su cárcel se encuentran en promedio 54 indocumentados cada día, con un costo de 70 dólares al día por recluso.
Minor dijo a Efe que el presupuesto del condado Summit "se está usando al máximo" para esta tarea, en cumplimiento de las nuevas leyes estatales de inmigración que Colorado implementó en el 2006 y de los mandatos federales vigentes.
Pero, dijo, "se nos están acabando las ideas" sobre cómo afrontar el costo de cumplir con esas leyes.
Minor explicó que, desde la reforma migratoria estatal del 2006, las cárceles de Colorado deben mantener a una persona detenida si se sospecha que está ilegalmente en el país, hasta que lleguen los agentes del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE, en inglés) a hacerse cargo del preso.
Sin embargo, mientras eso sucede, que habitualmente toma por lo menos tres días o más, la cárcel local debe pagar por todos los gastos de alojar a esos presos indocumentados.
Para Minor, esa situación demuestra que "todo el sistema migratorio está quebrado" ya que "se necesita una fenomenal cantidad de dinero para alojar a estos presos hasta que llega ICE".
Y aunque cada año el condado Summit recibe un subsidio del gobierno federal en el marco del Programa de Ayuda para Estados con Extranjeros Criminales (SCAAP, en inglés), ese dinero, que en el 2007 fue de 119.000 dólares, sólo cubre el 65 por ciento del costo de mantener detenidos a los indocumentados.
El alguacil opinó que "la legislatura de Colorado está ignorando este problema", una situación que podría complicarse aún más en el futuro cercano ya que los comisionados del condado están analizando un recorte de hasta 80.000 dólares en el presupuesto para la cárcel local, que podría entrar en vigor a finales de agosto próximo.
Si el recorte presupuestario se concreta, dijo Minor, eso significaría desde el despido de alguaciles y guardias hasta el potencial cierre del establecimiento.
La única solución, comentó, sería que el gobierno federal se hiciese cargo del costo de mantener detenidos a los presos indocumentados.
Minor explicó que la Asociación del Alguaciles de Colorado está analizando el tema y opinó que "no se debería recargar sobre la cárcel local la responsabilidad de hacer cumplir las leyes federales". EFE fm/cs
Terra/EFE