Denuncian el "trato de animal" de mexicana indocumentada en Tennessee

4/8/2008 - 20:26(GMT)

María Peña Washington, 4 ago (EFE)- Activistas pro-inmigrantes denunciaron hoy el "trato de animal" que recibió el mes pasado la mexicana Juana Villegas, una embarazada indocumentada que fue detenida en Tennessee por conducir sin licencia y que estuvo esposada a una cama antes y después del parto.

Juana Villegas, de 33 años, afronta un proceso de deportación después de que las autoridades de Nashville, en el condado Davidson, la arrestaron el pasado 3 de julio por conducir sin la debida licencia.

La mujer, que en ese momento viajaba con sus tres hijos menores -todos nacidos en EEUU-, fue trasladada a una cárcel y, posteriormente en un hospital, fue esposada por el pie y la mano antes y después de tener a su bebé en la madrugada del 6 de julio.

El caso ha puesto bajo los reflectores el controvertido programa "287g", que permite a las autoridades locales pasar información de detenidos extranjeros a los agentes del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE).

Pero el caso también ha desatado la indignación de grupos defensores de los inmigrantes y activistas de derechos civiles en Tennessee, que hoy convocaron una reunión de emergencia para tratar de frenar la deportación de Villegas o, al menos, evitar que este incidente ocurra con otras personas.

Consultados hoy por Efe, tanto el abogado defensor, Elliott Ozment, como los activistas, consideraron que el caso refleja no sólo los excesos del programa "287g" sino también el ambiente hostil contra los inmigrantes en general.

El conducir sin licencia es un delito menor en Tennessee.

Villegas, que emigró de México durante la década de 1990, sólo portaba la matrícula consular mexicana cuando fue detenida.

Posteriormente fue puesta en custodia del ICE, que la dejó en libertad por "razones humanitarias".

"La señora Villegas estuvo esposada antes y después del parto y durante el resto de su estadía en el hospital y no se le permitió tener ningún contacto con su esposo. La oficina del sheriff (alguacil) argumenta que siguió las normas, pero yo digo que actuó sin escrúpulo", dijo Ozment.

"Esto debe indignar a todos los estadounidenses, porque nadie estará a salvo en las calles de Nashville mientras se permita y tolere esta conducta de nuestras autoridades. Ni a un animal se le trata como se le trató a ella", continuó el abogado.

Ozment señaló que la mujer "no presentaba ningún riesgo para nadie y siempre estuvo custodiada por un guardia" y, de vuelta en la cárcel, no se le dio analgésicos para el dolor de pecho que tenía, como consecuencia de que tampoco le permitieron usar la bomba para extraer la leche.

Sin entrar en detalle sobre el caso legal, Ozment expresó confianza en que "podremos tomar acciones para que se le permita quedarse en el país".

Por su parte, Hedy Weinberg, de la oficina de la Unión de Libertades de Civiles (ACLU) de EEUU en Tennessee, aseguró que "hay una enorme indignación y tristeza con este caso porque, como mínimo, a una mujer embarazada no se le debe tratar así".

"Hasta la oficina de ICE ha reconocido que en una mujer en su condición no debió estar detenida. Se le trató de esa forma por el color de su piel y por su apellido...de principio a fin ha sido una experiencia devastadora para ella y su familia", agregó.

Lo que le pasó a Villegas "no debe ocurrir jamás en un país que se precia de su trato humanitario con el prójimo y del debido proceso judicial", afirmó Weinberg.

ACLU y una coalición de grupos pro-inmigrantes estudian ahora diversas acciones cívicas y "exigir que las autoridades rindan cuentas por sus actos", explicó la activista.

El cónsul mexicano de Atlanta, Salvador de Lara, se reunió con Villegas la semana pasada y piensa hacerlo hoy de nuevo, dijo su portavoz, Armando Bello.

Mientras, John Amaya, abogado del Fondo Mexicoamericano para la Defensa y la Educación (MALDEF), consideró "inhumano que Villegas haya sido esposada mientras estaba con dolores de parto".

"Ni a un criminal homicida se le trata así, porque al menos éste tiene derecho a un defensor público. Ser indocumentada no la convierte en criminal", dijo Amaya. EFE mp/pgp/cs

Terra/EFE