Reciente asesinato reabre la polémica sobre las leyes Santuario

8/8/2008 - 15:26(GMT)

(corrige título) Vicky Keith Sacramento, 8 ago (EFE)- El asesinato de un padre y sus dos hijos en las calles de San Francisco hace casi dos meses podría cambiar varios aspectos de la denominada Ley de Santuario de esa ciudad y tener también implicaciones en todo el estado.

Los supervisores del condado de San Bernardino están tratando de recibir la ayuda del Fiscal del Estado, Jerry Brown, para que investigue casos en los que menores de edad indocumentados, acusados de cometer delitos, fueron escondidos de las autoridades federales para evitar su deportación.

En concreto, se trata de confirmar si el Departamento de Libertad Condicional de Menores de Edad de San Francisco ha protegido a menores de edad acusados de crímenes por las autoridades federales al pagar por el viaje de varios jóvenes a su país de origen, o por el refugio de otros en casas-hogar en otras ciudades con un coste 7.000 dólares al mes.

La junta quiere que Brown investigue el caso, y que ofrezca detalles no sólo del número total de los jóvenes que la ciudad de San Francisco ayudó en el último año, sino también lo que ha costado.

La oficina de prensa de Brown admitió haber recibido la petición de los supervisores de San Bernardino, pero no ofreció más detalles.

La controversia sobre la Ley de Santuario de San Francisco, y la protección adicional que recibieron varios jóvenes indocumentados acusados de cometer delitos, comenzó el pasado mes de junio cuando Edwin Ramos presuntamente asesinó a Anthony Bologna, de 49 años, y sus hijos, Michael, de 20, y Matthew, de 16.

Ramos, de 21 años de edad y originario de El Salvador, había tenido varios problemas con la ley, particularmente al ser menor de edad.

Las leyes de santuario de la ciudad pudieron haber beneficiado a Ramos, ya que el joven nunca fue entregado a las autoridades federales para ser deportado.

Asimismo, un legislador estatal dijo a Efe que planea volver a presentar una propuesta de ley que revocaría la emisión de fondos estatales a ciudades que tengan leyes de santuario.

"Es importante que las ciudades que protejan a criminales sean sancionadas, porque el modelo del santuario va en contra de nuestras leyes," dijo a Efe el asambleísta John Benoit, representante republicano de Riverside.

"De algún modo u otro, es algo que vamos a buscar en un futuro muy cercano", agregó.

Benoit presentó la medida AB 2601 a principios de año, que hubiera evitado que ciudades con leyes de Santuario, como San Francisco, Los Angeles, Fresno, y San Diego, entre otras, recibieran financiación del estado.

La propuesta fue rechazada en un comité de la Asamblea estatal en abril.

"La propuesta tenía sentido, y creo que estamos viendo las consecuencias, con el caso de San Francisco", señaló Benoit al subrayar que las leyes Santuario pueden incitar a que se cometan hechos delictivos.

La opinión de Beoit es rechazada por Kevin Johnson, decano y profesor de leyes y estudios Chicanos de la Universidad de California en Davis, porque estima que las leyes de santuario ayudan a las autoridades.

"Estas leyes ayudan a los policías a investigar casos más eficazmente. Si las comunidades inmigrantes saben que la policía puede acusarlos con entidades federales para que les deporten se producirá una falta de confianza que evitaría la cooperación entera de la comunidad, sean víctimas de crímenes, testigos, o sospechosos," dijo Johnson a Efe.

La Ley de Santuario en San Francisco fue aprobada en 1989 en un intento por ofrecer refugio a inmigrantes provenientes de El Salvador y Guatemala, quienes habían escapado de guerras civiles y prosecución política, pero que no calificaban para recibir asilo político.

Más de 80 ciudades en Estados Unidos cuentan con leyes de santuario.

En California, esas ciudades incluyen a Berkeley, East Palo Alto, Fresno, Garden Grove, Los Angeles, Oakland, Richmond, San Diego, San Francisco, San José, San Rafael, Santa Cruz, y Watsonville. EFE vk/esc

Terra/EFE