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La policía de Denver podrá a partir de ahora incautar los vehículos conducidos por presuntos indocumentados, según la medida aprobada en referéndum, a pesar de la oposición de las propias autoridades municipales.
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Ello supondrá que la policía de Denver puede llegar a incautar otros 30.000 vehículos al año, además de los 20.000 que ya confisca, según el alcalde John Hickenlooper.
Para cumplir con esa medida, dijo Hickenlooper, se deberán contratar 23 nuevos agentes y desembolsar 1,2 millones de dólares para comprar el terreno y el equipo necesario para almacenar los automóviles que se incautarán.
Tanto Hickenlooper como diez de los once miembros del Consejo Municipal, así como numerosos grupos cívicos, religiosos y empresariales de Denver, expresaron su oposición a la iniciativa.
"Obviamente seguimos escépticos y preocupados por la legalidad de esta ordenanza y por su potencial desafío en la corte", comentó hoy el concejal Paul López.
Otro concejal hispano, Rick García, sostuvo que antes de aplicarse la medida, "la oficina del abogado de la ciudad deberá evaluar los mejores pasos a seguir y determinar si legalmente se puede implementar esta ordenanza".
Por su parte, Julien Ross, director de la Coalición de Colorado por los Derechos de los Inmigrantes (CIRC, en inglés), calificó a la nueva medida como "equivocada" y opinó que este tipo de ordenanzas seguirán aprobándose en Denver y en otras ciudades debido a la ausencia de una reforma migratoria a nivel federal.
"Esta derrota (en las urnas) representa sólo un obstáculo pasajero para todas las personas de Denver que siguen creyendo que nadie debe ser tratado injustamente", declaró Jann Halloran, de la organización We Believe Colorado, un grupo que encabezó la oposición a la Iniciativa 100.
Terra/EFE
