Gobernador crea grupo para buscar políticas alternativas contra la adicción

18/8/2008 - 18:26(GMT)

San Juan, 18 ago (EFE)- El gobernador de Puerto Rico, Aníbal Acevedo Vilá, ordenó hoy la creación de un grupo de expertos para que presenten políticas públicas alternativas contra el problema de la adicción a las drogas en el país.

Los expertos deberán presentar un plan dentro de 30 días, según indica la orden ejecutiva firmada hoy por el gobernador.

"Es importante que nuestra Administración revalúe y actualice la política pública del Estado Libre Asociado (ELA) de Puerto Rico con relación al problema de adicción, para así desarrollar un plan de acción adecuado para atender dicha problemática", indicó Acevedo Vilá en un comunicado.

El gobernador firmó la orden después de haber mantenido las últimas semanas reuniones con representantes de diferentes sectores de la sociedad relacionados con la atención a los drogodependientes.

Uno de los principales propulsores de que se cambie el actual sistema punitivo contra el consumo de drogas por uno más centrado en la atención médica a los usuarios es el secretario del Departamento de Corrección y Rehabilitación, Miguel Pereira.

El jefe de prisiones defiende que son mucho más baratas las estrategias de prevención y los programas con metadona u otros medicamentos que la cárcel, donde mantener a un reo durante un año cuesta en Puerto Rico unos 40.000 dólares.

El nuevo grupo para la Elaboración del Plan Multidisciplinario para Atender el Problema de Adicción mediante el Enfoque Salubrista estará integrado por expertos de los Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción (ASSMCA), la Policía y los del departamentos de Salud, de Corrección, de la Familia y de Justicia.

También formarán parte de la comisión otro de los promotores del debate sobre la medicación de las drogas en Puerto Rico, el alcalde de la ciudad de Caguas, William Miranda Marín, un representante de la Universidad de Puerto Rico y otros cinco de distintos sectores de la sociedad civil.

Las propuestas del grupo deberán implicar a todas las administraciones públicas relacionadas con el problema, los municipios y organizaciones comunitarias y tendrán una duración inicial de un año para que después de ese periodo se evalúen los resultados de las medidas. EFE ie/ma

Terra/EFE