INDOCUMENTADOS
Denver, 19 ago (EFE)- El procurador general de Justicia de Colorado, John Suthers, solicitó a los congresistas de este estado que reclamen al Gobierno federal el reembolso del coste de encarcelar a más de 2.000 reclusos de "situación inmigratoria desconocida".
"En nombre de los ciudadanos de Colorado les pido que redoblen sus gestiones para ayudar a Colorado a satisfacer el inmenso costo financiero causado por el inadecuado cumplimiento de las leyes federales", dijo Suthers en la carta enviada a los dos senadores y siete representantes de este estado y difundida hoy.
Suthers basó su petición en un documento del pasado 7 de agosto de Ari Zavaras, director ejecutivo del Departamento Penitenciario de Colorado, en el que se indica que Colorado gasta cada año casi 39 millones de dólares en mantener a 2.185 presos presuntamente indocumentados en las cárceles locales.
En concreto, durante el año fiscal de julio de 2006 a junio del 2007, el costo por recluso indocumentado en Colorado llegó a casi 29.000 dólares, aunque no todos los presos estuvieron encarcelados el año completo.
Por su parte, el llamado Programa Federal de Asistencia a Estados con Extranjeros Criminales (SCAAP, en inglés) reembolsó a Colorado 3,3 millones de dólares, es decir, sólo una pequeña fracción del monto total.
Por eso, Zavaras pidió que para el año fiscal que concluyó en junio del 2008 y para el año fiscal ahora en curso, el Gobierno federal "tenga en consideración el alto costo para Colorado de los criminales extranjeros", sin importar la situación inmigratoria.
Nate Strauch, director de comunicaciones de la procuraduría estatal, calificó de "población significativa" a la cantidad de presos indocumentados en las cárceles de Colorado.
Pero, de acuerdo con la información provista por el Departamento Penitenciario de Colorado, los presos indocumentados representan menos del cinco por ciento del total de reclusos.
Durante los años 2006 y 2007 en las cárceles de este estado hubo un promedio de poco menos de 22.000 reclusos.
De ellos, 1.400 eran extranjeros y aproximadamente mil de esos presos quedaron a disposición de la Oficina Policial de Inmigración y Aduanas (ICE, en inglés).
Como sólo el ICE tiene la autoridad de determinar la situación inmigratoria de una persona, y como ese trámite muchas veces se realiza solamente cuando el presunto indocumentado está a punto de cumplir su sentencia o de quedar en libertad, el Departamento Penitenciario desconoce mientras los inmigrantes están presos si está legalmente en el país o no.
Een 1999 Colorado solicitó 24 millones de dólares del programa SCAAP y recibió un reembolso de 9,2 millones de dólares. EFE fm/esc
Terra/EFE