México indignado por corrupción policial y secuestros

22/8/2008 - 08:23(GMT)

Luego que secuestradores con uniformes policiales establecieron un retén falso para atrapar a Fernando Martí, de 14 años, en una calle de la ciudad de México, su padre pagó un rescate de centenares de miles de dólares y esperó el regreso de su hijo sano y salvo.

Fue en vano. El muchacho y su chofer aparecieron muertos, cada uno en el maletero de un automóvil. Días más tarde, los fiscales dijeron que un policía judicial tuvo una participación relevante en la trama del secuestro.

La sospecha de la participación de policías en los secuestros-asesinatos ha indignado a la nación, donde tiende a crecer la indiferencia de numerosos habitantes hacia los tiroteos al mediodía y las decapitaciones entre miembros de los carteles de la droga. En varias ciudades se están planeando protestas masivas y algunos legisladores están cambiando de parecer sobre el rechazo a la pena de muerte.

"Los deberían dejar ciegos, así no podrían delinquir más. La cárcel ya no es una solución; ellos van a la prisión y forman sus propios grupos allí adentro, y salen más fortalecidos", dijo el estudiante universitario Ignacio Noriega, de 26 años, y afirmó que ya no se siente seguro en ninguna parte.

El jueves, la policía informó que 150 pobladores de una comunidad en la periferia occidental de la ciudad de México golpearon con saña y amenazaron con linchar a dos supuestos ladrones. Finalmente los entregaron a la policía.

Orilladas a tomar decisiones eficacez, autoridades de todos los niveles firmaron el jueves un amplio acuerdo para mejorar el combate a la creciente delincuencia en México con compromisos y plazos que incluyen la depuración y capacitación permanente de policías, nuevas leyes y más recursos.

Los titulares de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial aceptaron el Acuerdo Nacional para la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, que establece plazos de entre 30 días y tres años para llevar a cabo 74 compromisos, y cuyo cumplimiento será vigilado por un observatorio ciudadano.

En la firma del acuerdo en la capital nacional, el presidente Felipe Calderón dijo que "la forma tradicional de combatir la inseguridad ha sido insuficiente" y se comprometió a enviar iniciativas de ley al Congreso sobre la seguridad pública y el secuestro. La legislatura aceptó analizarlas y aprobarlas antes de que concluya el 2008.

Presente en el encuentro, el padre de Fernando Martí, Alejandro, adirtió que los mexicanos estarán pendientes de que el gobierno cumpla sus promesas.

"Si no pueden, renuncien, pero no sigan ocupando las oficinas de gobierno, no sigan recibiendo un sueldo por no hacer nada", dijo.

México tiene una de las tasas más altas de secuestros en el mundo, de acuerdo con el grupo social IKV Pax Christi, y el problema está empeorando. Los secuestros han subido 9,1% este año, promediando 65 por mes en todo el país, dice la Procuraduría General de la República, que responsabiliza de la situación a una creciente red de carteles, policías, ex policías e informantes que apuntan a potenciales víctimas lucrativas.

Y las cifras oficiales subestiman ampliamente el problema. La mayoría de los secuestros no son reportados, por temor a la policía.

El Instituto Ciudadano de Estudios sobre la Inseguridad determinó que la tasa real de secuestros es de más de 500 por mes, luego de entrevistar a mexicanos acerca de delitos no reportados. Ochenta y seis por ciento de los entrevistados en el 2006 dijeron que tienen muy poca o ninguna confianza en la policía local. La encuesta fue dada a conocer el miércoles.

Mexicanos ricos han lidiado desde hace tiempo con los secuestros con costosas medidas de seguridad y negociadores privados. Pero ahora, incluso las familias de clase media están en peligro, y los secuestradores tienden cada vez más a matar a sus cautivos, incluso si se paga rescate.

Apenas unos días antes de que el cadáver descompuesto de Martí fuese encontrado el 1 de agosto, los seis miembros de una familia fueron hallados muertos en su casa en el estado oriental de Jalisco, presuntamente víctimas de secuestradores ayudados por un policía.

Cuatro de las víctimas, incluyendo dos niños, fueron baleadas en la cabeza. Un adolescente fue degollado. Su madre fue asfixiada con una bolsa plástica.

Uno de los hijos de la familia había sido secuestrado y dejado en libertad una vez fue pagado el rescate, pero la pandilla _ presuntamente con colaboración de un policía corrupto de la unidad antisecuestro del estado _ decidió que la familia tenía mucho más dinero y amenazó con continuar secuestrando a menos que se les pagase más. Los hombres mataron a la familia luego que el policía fuese reconocido, dicen investigadores.

La furia por la incapacidad de confiar en la policía mexicana estalló la semana pasada, cuando residentes de la ciudad central de Tlapanala consiguieron rodear y desarmar a una pandilla de siete secuestradores que se hacían pasar por policías. Los retuvieron durante 24 horas, apaleándoles "con todo lo que pudieron agarrar" hasta dejarlos completamente ensangrentados, dijo el alcalde José Villalba.

"La gente estaba muy furiosa ... lo cierto es que querían golpearme a mí también", dijo Villalba. El alcalde finalmente convenció a la multitud para que entregase a los sospechosos _ que llevaban credenciales policiales falsas _ a la policía estatal.

México se opone oficialmente a la pena de muerte, que abandonó hace mucho tiempo, y considera que la cadena perpetua es un castigo cruel. Apenas en el 2005 México aceptó extraditar a estados Unidos a sospechosos que enfrentaban cadena perpetua en Estados Unidos.

Pero esta semana, el pequeño Partido Verde propuso reinstaurar la pena de muerte para policías que participen en secuestros y secuestradores que maten a sus víctimas.

El presidente Calderón ha planteado la cadena perpetua para esos delitos, ahora castigados con la pena máxima de 50 años de prisión.

La Procuraduría General atribuye el incremento de la violencia a la diversificación del crimen organizado en México. "Los delincuentes ahora cubren narcotráfico, secuestro y lavado de dinero, entre otras (actividades), sin un control o manejo central, ni una organización predominante en todos los ámbitos y terrenos delictivos", indicó en un reporte.

"Por ello, la actividad criminal se volvió competencial, usando la violencia con mucha mayor frecuencia entre sí y ante la sociedad, para ganar mercados, territorios o posiciones", agregó.

El sentimiento anticrimen en México ha demostrado anteriormente ser una fuerza poderosa. Más de un cuarto de millón de residentes de la ciudad de México realizaron una protesta contra los asesinatos y los secuestros en el 2004, dañando severamente las aspiraciones presidenciales del entonces alcalde capitalino Andrés Manuel López Obrador.

Una protesta similar ha sido convocada para el 30 de agosto.

El secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, considera preocupante que la creciente indignación lleve a más actos de justicia por mano propia.

"Es claro que la sociedad está indignada, es claro que la sociedad está molesta, y tienen razón en estarlo", dijo. "Si no podemos conseguir acuerdos y canalizar esas demandas en pasos concretos y claros, entonces la gente pudiera comenzar a tomar otro tipo de acciones que no resolverían el problema ni ayudarían a nadie".

Terra/AP