Brasil refuerza seguridad en área indígena

25/8/2008 - 14:23(GMT)

Brasil reforzó la presencia policial en el territorio indígena Raposa Serra do Sol, en el estado norteño de Roraima, ante el temor de un brote de violencia por una decisión judicial que definirá si se permite la presencia de habitantes no aborígenes en el área otorgada a las comunidades autóctonas.

José Negreiros, portavoz de la policía federal de Roraima, dijo que 50 agentes se sumaron el domingo a los miembros de la fuerza nacional de seguridad y la policía que han vigilado la zona para evitar enfrentamientos en el territorio en disputa.

El relator de la ONU para derechos indígenas, el estadounidense James Anaya, quien visitó la zona en conflicto, dijo que no percibió tensiones en el área que pudieran llevar a violencia tras el fallo judicial del miércoles.

Negreiros aseguró que no se han registrado incidentes violentos en las últimas semanas y que "la zona está tranquila, todos están esperando el fallo judicial".

El Supremo Tribunal Federal (STF, corte suprema) tiene previsto pronunciarse el miércoles sobre la legalidad de la demarcación del territorio fronterizo con Venezuela y Guyana como enteramente indígena, lo que obligaría a unos seis empresarios arroceros a salir del territorio.

Para los defensores de los derechos indígenas, la decisión será clave porque si el STF anula la demarcación continua del territorio, abriría la puerta para que otras áreas indígenas en Brasil sean cuestionadas en la justicia para permitir la presencia de no indios.

No obstante, los arroceros alegan que adquirieron legalmente sus propiedades y que su presencia es fundamental para la economía del remoto estado de Roraima.

"Puede ser que los ministros del tribunal nos sorprendan con una decisión que no le quite todo a uno y lo entregue todo al otro", dijo Anaya a periodistas, en una conferencia de prensa al cierre de su visita de 12 días a Brasil, donde visitó numerosas comunidades indígenas, incluyendo Raposa Serra do Sol.

Anaya también indicó que los indígenas brasileños sufren de discriminación en las políticas que los afectan, y son marginados de las discusiones sobre proyectos de desarrollo que impactan a sus comunidades.

En el informe preliminar Anaya, un apache estadounidense y profesor universitario, destacó el limitado acceso de niños y mujeres indígenas a servicios adecuados de educación y salud.

Citó la "persistente discriminación por detrás de la creación de políticas y de la administración de la justicia. La discriminación a veces conduce a violencia" contra los indígenas.

Reclamó también de la falta de un mecanismo que garantice la consulta a los poblaciones indígenas sobre proyectos de desarrollo, como la construcción de carreteras, represas hidroeléctricas y minas a gran escala que afectan a las indígenas aún cuando están fuera de sus territorios.

Citó el Programa de Aceleración del Crecimiento (PAC), la principal iniciativa de promoción social del gobierno del presidente Luiz Inacio Lula da Silva, que financia grandes obras de desarrollo a lo largo del país. Según Anaya, muchas de esas obras afectan a comunidades indígenas que no son consultadas sobre el proyecto.

"Aunque ricos culturalmente, los pueblos indígenas continúan empobrecidos económicamente, sin poder u oportunidades suficientes para desarrollarse de forma sustentable, además de ser constantemente sofocados por la discriminación", señaló Anaya a periodistas.

La situación de Brasil contrasta con el hecho de que el país suramericano cuenta con una legislación avanzada en protección de los derechos indígenas, según el relator de la ONU.

El gobierno demarcó en el 2005 el territorio de casi 1,7 millones de hectáreas para albergar a 18.000 indígenas de las etnias macuxi, ingariko, taurepang, patamona y wapixana, y ordenó la salida de grandes productores de arroz establecidos en la zona.

Indígenas de diferentes partes de Brasil comenzaron a llegar el lunes a Brasilia para manifestarse a favor de la demarcación continua del territorio norteño.

"Están llegando 25 líderes indígenas", dijo Paulino Montejo, de la Coordinación Indígena de la Amazonia Brasileña (Coiab).

Terra/AP