Uribe destaca visita de fiscal internacional a Colombia

25/8/2008 - 17:23(GMT)

El presidente Alvaro Uribe afirmó el lunes que la visita del Fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) permitirá explicarle las acciones gubernamentales contra distintas bandas armadas ilegales y aseguró que en Colombia "no hay impunidad".

El Fiscal de la CPI, el argentino Luis Moreno Ocampo, inició en la jornada una visita de tres días por invitación del gobierno y de la Fiscalía General con el objetivo de que el funcionario siga "con su examen de las investigaciones y los juicios celebrados en Colombia, sobre todo, en relación con los de quienes cabe considerar máximos responsables de los crímenes más graves...cometidos por paramilitares y guerrillas", de acuerdo con una nota de la CPI divulgada a la prensa.

También se informará del avance de las investigaciones y juicios "a militares y políticos, entre ellos congresistas, presuntamente implicados" con paramilitares y guerrilleros, agregó el CPI en su comunicado.

En Colombia "no hay impunidad...el gobierno nunca ha dejado de enfrentar a un delincuente cualquiera sea su naturaleza", dijo Uribe en un discurso en un foro organizado por la iglesia católica sobre respeto a los derechos humanos, un evento que se extenderá hasta el miércoles en un local al oeste capitalino.

Por parte de opositores y grupos de activistas "una de los objeciones a este gobierno es '¡ahh, va a haber impunidad con la extradición de estos señores (paramilitares) a Estados Unidos'! ¡Mentiras! y que bueno que esta semana se le pueda explicar aquí al Fiscal Luis Moreno" la razón de esas extradiciones de 14 jefes paramilitares en mayo a la justicia estadounidense, que les solicitaba por cargos de narcotráfico.

El Fiscal Moreno se reunió temprano con el canciller Jaime Bermúdez, participó en un foro sobre investigaciones judiciales y por la tarde prevé encontrarse con magistrados de la Corte Suprema, entre otros funcionarios.

El gobierno extraditó a esos jefes paramilitares "por razones de orden público. El gobierno consideró que en ese momento no estaban cumpliendo con las condiciones que se pusieron" al producirse su entrega negociada a partir del 2003 y en las que se ofrecían penas de cárcel máximas de ocho años a cambio que entregaran todos sus bienes mal habidos y confesaran todos sus crímenes.

Grupos de derechos humanos han dicho que las extradiciones obstaculizan que esos jefes paramilitares confiesen sus crímenes y pueda así saberse del destino de miles de desaparecidos y las responsabilidades sobre otros miles de asesinatos porque los ex jefes paramilitares se dedicarán a defenderse de los cargos de tráfico de drogas en Estados Unidos, donde no se les ha acusado de violaciones de derechos humanos.

El gobierno mantiene que las autoridades estadounidenses ya han garantizado que cualquier bien que entreguen esos paramilitares será destinado a reparar a las víctimas en Colombia y que sólo basta que expresen su deseo de prestar declaraciones sobre casos de violaciones de derechos humanos para que se les tome testimonio, bien sea en directo o en teleconferencias, a fiscales colombianos.

Terra/AP