América Latina
La presidenta Michelle Bachelet advirtió el martes que se aplicará "todo el rigor de la ley... pero con sensatez" a los responsables de ataques incendiarios y de enfrentamientos en el sur, atribuidos a indígenas mapuches y a ex subversivos que actuaron durante la dictadura del general Augusto Pinochet.
De visita en Caleta de Lenga, unos 515 kilómetros al sur de Santiago, la gobernante aludió a un conflicto indígena que en las últimas semanas se intensificó en comunidades sureñas con ataques de encapuchados que incendiaron, en diversos atentados, una casa patronal, automóviles y un autobús. También hubo choques con la policía.
"Vamos a aplicar con rigor la ley, pero también con la sensatez de no prejuzgar, de no partir haciendo cosas locas en manos individuales, sino que respetando la institucionalidad que este país tiene y que funciona", advirtió la mandataria.
Agricultores y empresarios de la zona de la Araucanía, unos 600 kilómetros al sur de Santiago, se han quejado de una supuesta mano blanda de la policía y la justicia contra los mapuches que supuestamente encabezan los ataques.
"Nosotros hemos sido enfáticos en decir que aquí la ley se va a cumplir, que hay que hacer que la justicia y las fuerzas policiales cumplan su tarea", añadió Bachelet.
Ante la reactivación del conflicto mapuche, el ministro del Interior, Edmundo Pérez Yoma, viajó el martes fuertemente custodiado hasta Vilcún, 688 kilómetros al sur, y se entrevistó con dos empresarios que han denunciado una veintena de ataques incendiarios que adjudican a los mapuches.
Pérez Yoma dijo que "hay muchos grupos de gente, ex frentistas, ex Lautaro (...) algunos que están agrupados en torno a la CAM (Coordinadora Arauco Malleco) y se han constituido en una agrupación que está produciendo muchos problemas".
El Frente Patriótico Manuel Rodríguez, cuyo nombre deriva de un héroe de la independencia de Chile, y el grupo Lautaro, un líder mapuche que luchó contra la dominación española en el siglo XV, enfrentaron por las armas al régimen de Pinochet (1973-1990), pero fueron desarticulados luego del retorno de la dictadura.
La Coordinadora Arauco-Malleco agrupa a algunas decenas de comunidades mapuches radicalizadas que exigen el retorno de las tierras de sus antepasados.
Las policías han reforzado la vigilancia en la zona de la Araucanía, mientras varios dirigentes de comunidades mapuches se quejan de la represión policial y de allanamientos a sus comunidades.
El último allanamiento se registró el domingo, en la comunidad Temucuicui, cuyo dirigente Jorge Huenchullán declaró que "hay peñis (hermanos) que están con orden de detención, pero por la causa mapuche, legítimamente por reclamar derechos mapuches; aquí no hay asaltantes ni asesinos ni violadores".
Los policías rodearon e ingresaron a la comunidad para detener al dirigente indígena Marcelo Catrillanca, responsabilizado por el Ministerio Público de participar en hechos de violencia. Catrillanca no fue detenido.
La policía afirma que sus hombres fueron repelidos con piedras y perdigones de escopetas. Hubo dos heridos, pero Huenchullán negó el martes que ellos hayan usado escopetas.
En la zona de la Araucanía viven unos 255.000 mapuches en unas 2.200 comunidades, de las cuales unas 44 mantienen posiciones más radicalizadas y exigen la devolución de sus tierras ancestrales ocupados hoy por agricultores y empresas forestales.
Terra/AP