Piden que se implementen leyes de inmigración en Utah

28/8/2008 - 14:26(GMT)

Denver, 28 ago (EFE)- Cientos de vecinos de la localidad de Park City, en Utah, pidieron que las autoridades locales implementen sin modificaciones la ley migratoria estatal aprobada en marzo pasado.

La ley, conocida como SB08-81, elimina el acceso a servicios y beneficios públicos para quienes no puedan demostrar "presencia legal" en el país, otorga mayores funciones migratorias a la policía local y exige que los empleadores verifiquen la validez de los documentos de sus potenciales empleados.

Sin embargo, los legisladores decidieron que la ley entrará en vigor en julio del 2009, para que el Comité Interino de Inmigración del Legislativo de Utah tenga el tiempo suficiente para consultar con la ciudadanía sobre las posibles consecuencias de la ley, incluyendo un impacto negativo en la economía local.

En un foro público convocado por el Comité la noche del miércoles, residentes de Park City pidieron que se aplique la ley estatal.

Uno de los oradores fue Eugene Davis, agente jubilado del entonces Servicio de Inmigración y Naturalización (INS, en inglés).

Según Davis, el futuro del país depende del control de las fronteras.

Kent Lundgren, presidente de la Asociación Nacional de Ex Agentes de la Patrulla Fronteriza, indicó que los inmigrantes indocumentados causan una disminución en los salarios y un aumento en el desempleo.

Otro orador invitado, Randy Terrill, legislador estatal de Oklahoma (republicano) y autor de la ley migratoria en ese estado, indicó que debido a la similaridad entre las leyes de Utah y de Oklahoma, se puede anticipar que también en Utah se presentarán demandas judiciales a nivel federal para impedir que la ley sea implementada.

De hecho, la ley de Utah se basa en la propuesta originalmente presentada por Terrill en Oklahoma.

Terrill instó a los legisladores de Utah a "mantenerse firmes" en su defensa de SB08-81, aunque reconoció que ese proceso, debido a los distintos niveles de apelación judicial, puede extenderse a varios años.

Pero, dijo, esa espera tiene sentido porque una vez que se implemente en Oklahoma la ley que impulsó, "Oklahoma se ahorrará 200 millones de dólares al año en servicios que ahora le da a indocumentados".

Los legisladores también pidieron la opinión de dos dirigentes de grupos reconocidamente anti-inmigrantes.

Ron Mortensen, de Citizens for Tax Fairness, manifestó que "un 75 por ciento de los inmigrantes ilegales participan de fraude con documentos o robo de identidad".

Por su parte, Eli Cawley, del Minuteman Project, aseveró que la comunidad aún no comprende "el impacto total" que los inmigrantes indocumentados tienen en la sociedad y en la cultura de Estados Unidos.

Como en ocasiones anteriores, el Comité Interino de Inmigración no invitó ni a dirigentes latinos ni a grupos pro-inmigrantes. EFE fm/cs

Terra/EFE