Argentina: Prisión perpetua a represores por muerte de senador

29/8/2008 - 01:23(GMT)

Los generales retirados Antonio Bussi y Luciano Menéndez, figuras emblemáticas de la última dictadura militar argentina, fueron condenados el jueves a prisión perpetua por el secuestro, tortura y asesinato de un senador en 1976.

Bussi y Menéndez, de 82 y 81 años respectivamente, fueron sentenciados por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tucumán --1.312 kilómetros al norte de Buenos Aires--, por la desaparición del senador Guillermo Vargas Aignasse en abril de 1976.

Durante la lectura de la sentencia, que fue transmitida en vivo por los canales de televisión locales, el juez Gabriel Casas --uno de los tres integrantes del tribunal-- calificó los delitos como "crímenes de lesa humanidad".

Los militares retirados fueron hallados culpables por asociación ilícita, violación de domicilio, violación ilegítima de la libertad agravada, aplicación de tormentos reiterados y homicidio agravado. Los fundamentos del fallo serán dados a conocer el 4 de septiembre.

Este fue el primer juicio por los delitos cometidos durante la dictadura en Tucumán.

Primero como militar y luego como político, Bussi fue considerado uno de los personajes más influyentes de esa provincia durante varias décadas. Tras el golpe de Estado de 1976, fue designado interventor de Tucumán. Con el retorno de la democracia en 1983, se volcó a la política y fue elegido diputado, gobernador y alcalde.

"Asistimos al fin de la impunidad y a la restauración de la verdad, la memoria y la justicia. Hoy Tucumán se ha puesto de pie, dejando atrás la larga trama que encabezara Bussi primero de sangre y dolor infinito y luego de manipulación de los espíritus", expresó en un comunicado el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Eduardo Luis Duhalde.

En las afueras del tribunal, un grupo de manifestantes derrumbó las vallas de contención que rodeaban el edificio en rechazo a la decisión de la corte de que Bussi cumpla su condena bajo arresto domiciliario --beneficio que le cabe por ser mayor de 70 años-- y pospuso sin fecha su decisión sobre el pedido del fiscal y la querella para que sea enviado a una prisión común.

La policía lanzó gases lacrimógenos a los manifestantes, en su mayoría integrantes de grupos de derechos humanos.

En cambio Menéndez --superior de Bussi como jefe del Tercer Cuerpo del Ejército, que tenía bajo su órbita a Tucumán durante la dictadura--, cumplirá la condena en prisión ya que a fines de julio había sido condenado a cadena perpetua en otro caso por violaciones a los derechos humanos en la provincia de Córdoba y se le negó la detención domiciliaria.

Según la investigación judicial, Vargas Aignasse fue secuestrado por un grupo de encapuchados en la madrugada del 24 de marzo de 1976, día del golpe militar.

El 1 de abril su esposa consiguió un permiso para visitar al senador en la cárcel donde, según declaró, lo vio con signos de haber tenido los ojos vendados y las manos atadas.

El 6 de abril un militar llamó a la esposa de Vargas Aignasse para avisarle que el día anterior había sido liberado. Pero el senador nunca apareció.

Según los militares, Vargas Aignasse habría sido interceptado tras su liberación por desconocidos, presumiblemente de la organización armada Montoneros, que lo asesinaron por venganza. Menéndez testificó que durante su cautiverio el senador cooperó en la desarticulación de varias células de esa organización.

El hijo de la víctima, Gerónimo Vargas Aignasse, declaró a la salida del tribunal que "el veredicto judicial es razonable en cuanto a la condena", pero se mostró disconforme con su arresto domiciliario porque "no queremos que tenga privilegios".

En su alegato final, Bussi dijo entre lágrimas que "al señor Vargas Aignasse no lo vi ni lo traté en toda mi vida", mientras Menéndez manifestó que "Argentina ostenta el dudoso mérito de ser el primer país en la historia del mundo en juzgar a sus soldados victoriosos... llaman represión ilegal a las operaciones defensivas de las fuerzas armadas".

Tras el regreso de la democracia, Bussi fue acusado de secuestros y asesinatos, pero una ley de amnistía impidió su procesamiento.

En 1995 fue elegido gobernador de Tucumán. Al fin de su mandato en 1999 fue electo diputado, pero la cámara baja rechazó su diploma por inhabilitación moral para ejercer el cargo.

En 2003 ganó la alcaldía de la capital tucumana pero no logró asumir: tres meses después de las elecciones fue detenido por la desaparición de Vargas Aignasse.

Según cifras oficiales, 13.000 detenidos políticos "desaparecieron" durante la dictadura. Los organismos de derechos humanos sostienen que fueron 30.000.

La Corte Suprema abrió en 2005 el camino a nuevas causas judiciales por los delitos cometidos durante el régimen al declarar inconstitucionales dos leyes de amnistía que databan de la década de los 80 y protegían a los militares.

Terra/AP