América Latina
BOGOTA (Reuters) - El comandante de las Fuerzas Especiales del Ejército de Colombia y tres oficiales más fueron destituidos por la Procuraduría General que los declaró responsables de la muerte de tres líderes sindicales, informó el miércoles ese organismo de control.
El fallo de la procuraduría, aunque puede ser apelado, también inhabilita por 20 años para ejercer funciones públicas al coronel Luis Francisco Medina, a los capitanes Luis Castillo e Hiznardo Bravo, y al teniente Juan Pablo Ordóñez.
El organismo encargado de vigilar la conducta de los funcionarios al servicio del Estado estableció en su investigación, y en base a testimonios, que los militares ingresaron violentamente a una vivienda cerca al pueblo de Saravena, en el departamento de Arauca, fronterizo con Venezuela, y "ejecutaron" a los sindicalistas, en el 2004.
Después de asesinar a los sindicalistas, los militares adulteraron la escena del crimen y luego presentaron a las víctimas como guerrilleros del Ejército de Liberación Nacional (ELN) muertos en combate, de acuerdo con la procuraduría.
Para el organismo de control el objetivo de los militares no era la captura de los sindicalistas sino su ejecución.
Medina no participó directamente en la operación, pero como comandante de una unidad del Ejército con jurisdicción en la zona la autorizó.
La decisión se conoce cuando el Gobierno colombiano mantiene una fuerte campaña en Estados Unidos, en un último intento por conseguir la aprobación de un Tratado de Libre Comercio que considera crucial para su economía.
Pero la mayoría demócrata que controla el congreso estadounidense se niega a aprobar el acuerdo comercial con el argumento de que persiste la violencia contra los dirigentes sindicales y las violaciones a los derechos humanos en este país sudamericano.
Los demócratas exigen castigos para los responsables de crímenes de sindicalistas y critican la impunidad que rodea las investigaciones.
De inmediato no se conoció ninguna reacción a la decisión de la Procuraduría de los altos mandos militares ni de los oficiales implicados.
(Reporte de Luis Jaime Acosta; editado por Mónica Vargas)
Terra/Reuters