MEXICO-PRENSA
La Presidencia de México rechazó hoy las declaraciones del gobernador de Puebla, Mario Marín, y un empresario contra la periodista Lydia Cacho, que denunció una red de pederastia y la grabación clandestina de un diálogo entre los primeros.
México, 16/Febrero/2006.- El Gobierno Federal "condena enérgicamente todos los actos realizados por cualquier autoridad o un particular que viole el Estado de Derecho y pretenda limitar las libertades de expresión y prensa", dijo en rueda de prensa el portavoz presidencial, Rubén Aguilar.
Añadió que "en el caso particular de la periodista Cacho, la Presidencia de la República apoyará sin reserva alguna a las autoridades encargadas de investigarlo y delimitar las responsabilidades de los involucrados".
Cacho, acusada de difamar al empresario textil Kamel Nacif, mencionado en un libro sobre pederastia, se declaró ayer "asombrada" al conocer grabaciones telefónicas que sugieren un complot para incriminarla injustamente y violarla en una prisión de la ciudad de Puebla (centro).
Los medios de comunicación difundieron las cintas de audio con diálogos telefónicos entre Nacif, el gobernador del estado de Puebla y otras personas, las cuales sugieren que hubo presiones a las autoridades judiciales para que incriminaran y encarcelaran a Cacho.
En las grabaciones, remitidas a la prensa de manera anónima, los interlocutores afirmaron que se le había "pagado a las locas (reclusas agresivas) y 'tortilleras' (lesbianas)" para que violaran a la periodista en la cárcel femenina de la ciudad de Puebla, capital del estado homónimo.
"Es brutal e indignante lo que hemos escuchado en esas grabaciones, que nadie puede justificar, pero también lo es que se recurra a la violación del Estado de Derecho y se graben conversaciones personales", dijo el portavoz presidencial.
Terra/EFE