Estados Unidos
10/08/2006 - 23:44(GMT)
Funcionarios de salud dijeron el jueves ante un Comité Federal de Energía y Comercio que el cuidado médico no reembolsado de indocumentados está creciendo a ritmo constante en Tenesí por lo que necesitan ayuda.
La anfitriona de la reunión fue la congresista Marsha Blackburn, republicana de Tenesí. Se escuchó el testimonio de representantes de TennCare y funcionarios de hospitales, así como el de un senador estatal. Fue una de varias audiencias de inmigración que se realizan en estados seleccionados.
"La inmigración está comiéndose el corazón de nuestro sistema de salud", dijo el senador Bill Ketron, quien estuvo acompañado de la congresista Donna Rowland, ambos republicanos de Murfreesboro.
Gary R. Perrizo, director de contabilidad de pacientes del Centro Médico de la Universidad Vanderbilt, dijo que entre el 1 de enero de 2005 y el 31 de marzo de 2006, archivos de registro muestran 504 "posibles ilegales" tratados en emergencia sin ser admitidos al hospital.
"El total de los costos no reembolsados de estas visitas al centro médico es de cerca de 858.000 dólares", indicó Perrizo, agregando que "el personal de registro no tiene manera de saber ni herramientas para determinar si un paciente está en Estados Unidos legal o ilegalmente".
TennCare, ampliación del programa Medicaid en el estado que cubre cerca de 1,2 millones de residentes estatales, no cubre a ilegales, dijo Darin Gordon, director de la agencia.
Pero agregó que TennCare está obligado por ley federal a reembolsar a hospitales por cuidado de emergencia dado personas que hayan calificado para Medicaid.
El mes pasado, Gordon señaló que TennCare tuvo que pagar por el cuidado médico de emergencia de 62 ilegales, mayormente a mujeres en labor de parto. El explicó que el costo combinado para estas personas fue 1,7 millones de dólares, lo cual promedia cerca de 15 millones al año.
Gordon puntualizó que las leyes federales relacionadas a la población de inmigrantes ilegales "reduce aún más los limitados recursos estatales", y agregó que el "gobierno federal debería examinar las opciones disponibles para aliviar algunas de las presiones financieras que estas regulaciones ponen sobre los sistemas estatales de atención médica".
Terra/AP