ITALIA-ESCUCHAS
25/09/2006 - 08:57(GMT)
Roma, 25 sep (EFE)- El ministro italiano del Interior, Giuliano Amato, dijo hoy que el decreto ley aprobado por el Gobierno sobre las escuchas telefónicas es sólo un primer paso y que serán necesarias nuevas normas para garantizar la libertad y la seguridad en el país, según una entrevista con el diario "La Repubblica".
El Gobierno aprobó el viernes un decreto ley que prohíbe la utilización de escuchas telefónicas ilegales, ordena su destrucción y contempla multas para quienes las publiquen, tras descubrirse una gigantesca red, vinculada a Telecom Italia, que ha llevado a la cárcel a una veintena de personas.
Amato, que calificó el escándalo de "impresionante" y de "atentado a la democracia", indicó que el decreto de ley aprobado es "sólo un primer paso. Serán necesarias nuevas normas para garantizar la libertad y la seguridad en nuestro país".
En este sentido, explicó que "habrá un segundo capítulo de intervención legislativa" con el que se deberá llegar "a la verificación total y en profundidad de las condiciones de seguridad de los bancos de datos públicos y privados que existen en Italia".
La red, que espió a miles de personas, entre ellas políticos, financieros, famosos, periodistas y gente anónima, constituía, según la fiscalía de Milán, un "evidente instrumento de presión y amenaza".
Sobre los indicios que apuntan a la infiltración de la red de escuchas en algunos ministerios, Amato indicó que su personal está trabajando para crear las normas necesarias que garanticen la seguridad de los bancos que datos que dependen de éste.
Amato reiteró que no cree tener "un ministerio corrupto, sino más bien algunos individuos que, por poco dinero, se han dejado corromper".
El ministro de Justicia italiano, Clemente Mastella, ordenó el pasado jueves investigar la posible implicación de algunas estructuras del poder judicial en la gigantesca red de escuchas ilegales, desmantelada por la Fiscalía de Milán.
Los espías, según lo que ha transcendido, recogían todo tipo de información, desde la existencia o no de antecedentes penales, al estado de cuentas bancarias, movimientos y amistades, lo que supone una violación del derecho a la intimidad. EFE cr/mr
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