EDUCACION
05/10/2006 - 22:33(GMT)
José Luis Castillo Castro Fort Worth (Texas), 5 oct (EFE)- A pesar de recibir ayuda económica para continuar sus estudios superiores, los estudiantes indocumentados en el norte de Texas enfrentan un dilema al graduarse porque no pueden ejercer legalmente sus profesiones.
Juan Alvarez, de 23 años y oriundo de México, llegó hace más de una década con sus padres, ambos indocumentados. Desde hace un año estudia enfermería en el Tarrant County College y lo que más anhela es ser el primero en su familia en obtener un título superior. "Pero sé que me espera otra batalla más dura, que será la de no poder ejercer mi carrera en este país porque no tengo documentos", asegura Alvarez, quien deberá decidir entre trabajar con su padre en la construcción o volver a México.
María Caicedo, de 20 años, enfrenta una situación similar. Llegó
a EEUU de Costa Rica cuando tenía meses de nacida y desde entonces
ha vivido en el norte de Texas sin "papeles migratorios".
Dentro de unos meses se graduará del Mountain View College en
Dallas (Texas) para luego cursar Leyes en una universidad local.
Su deseo es convertirse en una abogada "para defender a los más
necesitados", pero al igual que Alvarez, no podrá ejercer su
profesión.
"Es una espina que tienes atravesada en el corazón y no sabes
cómo sacártela. Lo único que esperas es que se haga un milagro o
algo parecido", comenta Caicedo, quien mantiene una interrogante:
"por qué permiten a los indocumentados estudiar una carrera
universitaria si no van a poder ejercerla".
Según Noemí Vela, directora del Departamento de Admisión
Internacional del Tarrant County College (TCC), la respuesta es
difícil y desanima a muchos estudiantes con potencial para brillar
profesionalmente pero que viven en calidad de indocumentados.
"A muchos les digo que aprovechen el tiempo y las facilidades que ofrecen los centros superiores porque con el clima político reinante, es posible que hasta esa facilidad termine pronto", aseveró Vela. Según cuenta, los colegios comunitarios ofrecen "lo mismo que las universidades a un precio mucho más cómodo; alrededor de 100 carreras y decenas de certificaciones, por eso atrae a los hispanos de bajos recursos económicos e indocumentados".
De acuerdo a cifras de TCC, de los más de 35.000 alumnos matriculados en el último semestre, 6.101 son de origen hispano y de ellos sólo el 1 por ciento es indocumentado. En los siete colegios comunitarios del condado Dallas, que en conjunto tienen un población de más de 100.000 alumnos, casi el 30 por ciento es hispano y sólo el 3,5 por ciento carece de estatus migratorio.
Según Sofía Torbes, de la oficina de admisión del Universidad de Texas en Arlington (UTA), muchos indocumentados se desaniman no sólo porque saben que no podrán ejercer, sino también por el alto costo que les toca pagar. "Si no pueden demostrar que viven en el estado a través de un documento o contrato de arrendamiento, entonces deben pagar como si fueran alumnos de otro estado, que es hasta 150 por ciento más que el costo regular", sostiene Torbes. A través de la ley SB 1528, el estado tiene el deber de ofrecer educación superior al estudiante indocumentado bajo ciertos requisitos, como haber vivido en Texas por lo menos tres años al momento de graduarse de secundaria y haber vivido en Texas por lo menos un año antes de empezar el primer semestre de estudios. En muchos casos, los estudiantes indocumentados tienen derecho a becas estatales y ayuda financiera para solventar el alto costo de matrícula y de créditos universitarios, según la Oficina de Admisión de la UTA. EFE jlc/ma (con fotografía)
Terra/EFE