Investigan a tres congresistas en Colombia por nexos con'paras'

2006-10-18 20:14:10 GMT

BOGOTA (Reuters) - La Corte Suprema de Justicia de Colombia inició el miércoles una investigación criminal contra tres congresistas por sus presuntos vínculos con los escuadrones paramilitares de ultraderecha y citó a los políticos para ser interrogados, informó un magistrado.

Se trata de los primeros legisladores vinculados formalmente por el tribunal a una investigación en momentos en que varios nombres de congresistas son cuestionados por sus presuntos nexos con esos escuadrones acusados de masacrar a miles de colombianos en su guerra sucia contra la guerrilla.

Varios legisladores aparecieron mencionados en los archivos de un computador del jefe paramilitar Rodrigo Tovar, alias " Jorge 40, " quien de acuerdo con los investigadores, pese a que entregó las armas, pretendía conformar un imperio político y militar en seis departamentos del norte del país.

" La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia ha venido trabajando infatigablemente y en muy intensas jornadas sobre ese tema y ahora adoptó la decisión de abrir formal investigación penal, " dijo el magistrado Mauro Solarte.

Fuentes judiciales y políticas admitieron la posibilidad de que con las investigaciones del alto tribunal se pongan al descubierto los vínculos de congresistas con los paramilitares, un escándalo similar al de la década de 1990, cuando varios legisladores perdieron sus investiduras y fueron condenados por recibir financiación de narcotraficantes del Cártel de Cali.

El llamado de la Corte Suprema de Justicia a los tres congresistas coincidió con un debate promovido por el senador del izquierdista Polo Democrático Alternativo, Gustavo Petro, quien citó al gobierno y a varios legisladores para que respondan sobre sus presuntas relaciones con paramilitares.

Los congresistas en Colombia gozan de un fuero especial, por lo que no son investigados por la Fiscalía General sino por la Corte Suprema de Justicia.

ALIADOS DE URIBE EN EL CONGRESO

Solarte dijo que los parlamentarios Jairo Enrique Merlano, Alvaro García y Erik Morris deberán rendir indagatoria bajo una investigación por concierto para delinquir por la conformación y financiación de grupos ilegales armados.

Los congresistas investigados pertenecen a los partidos de la U, Alas Equipo Colombia y Colombia Democrática, que hacen parte de una coalición que apoya al presidente Alvaro Uribe en el Congreso.

Solarte admitió la posibilidad de que otros legisladores sean vinculados a investigaciones por los mismos cargos.

Petro denunció que algunos legisladores aprobaron una polémica ley que estableció penas de entre cinco y ocho años de cárcel para jefes paramilitares acusados de delitos de lesa humanidad como asesinatos, masacres y secuestros, y que les concedió estatus político, a cambio de apoyo en las elecciones legislativas de marzo último.

Antes de que iniciaran la negociación de paz con los paramilitares, jefes de esos escuadrones aseguraron que un 30 por ciento del Congreso era amigo de su causa.

El Congreso de Colombia, de composición bicameral, está integrado por 102 senadores y 166 representantes a la cámara.

Petro dijo que no solo el Congreso de Colombia está infiltrado por los paramilitares, sino también el ejecutivo, el poder judicial y las Fuerzas Armadas, por lo que llamó al país un " narco Estado. "

Los paramilitares iniciaron una cuestionada negociación de paz con el gobierno a mediados del 2003 que permitió que más de 31.000 combatientes depusieran las armas.

Grupos de derechos humanos aseguran que los paramilitares suplantaron a sus combatientes, no entregaron todas las armas y mantienen casi intactas sus estructuras criminales.

Los paramilitares surgieron en la década de los años de 1980 con el apoyo financiero de ganaderos, terratenientes, comerciantes y narcotraficantes perseguidos por la guerrilla.

Esos escuadrones son considerados por Estados Unidos una organización terrorista que se financia del narcotráfico y sus principales jefes están solicitados en extradición por Washington por cargos de tráfico de drogas.

Terra/Reuters