Estados Unidos
05/11/2006 - 20:28(GMT)
Muchos inmigrantes ilegales son embaucados por estafadores que les piden dinero a cambio de obtenerles permisos de residencia en Estados Unidos, pero el hecho es rara vez denunciado pues las víctimas se muestran renuentes a ir ante la policía.
"Es difícil para esas personas contar su historia. No confían en el gobierno, no quieren poner en peligro su status, y no desean ser deportadas", dijo Wendy Rutherford, quien pasó casi un año compilando anécdotas para el Proyecto de Acción Comunitaria, una federación de iglesias y de organizaciones comunitarias con sede en Brooklyn que defiende los derechos de los inmigrantes.
Hay unos 3,4 millones de residentes en la ciudad de Nueva York que nacieron fuera del país. Y otros 500.000 inmigrantes ilegales, según estadísticas de la ciudad. Una cifra desconocida de abogados falsos han surgido para robarles el dinero.
The Associated Press hizo varios intentos por hablar con las víctimas, pero éstas no quisieron declarar por temor a ser deportadas.
El ambiente está maduro para este tipo de crimen. Las leyes de inmigración se hallan en un estado de fluctuación en Estados Unidos. Tanto la Cámara de Representantes como el Senado han presentado separados proyectos de ley que muestran sus discrepancias en diferentes asuntos vinculados a la inmigración.
Y esa confusión contribuye a diseminar los rumores y el miedo entre los indocumentados.
"Hay mucha mala información circulando", dijo el reverendo Ronald Marino, que dirige la Oficina de Inmigración Católica en Nueva York.
Marino dijo que muchas personas llegan a la iglesia a contar sus problemas pues en sus patrias, la iglesia es el sitio donde pueden confiar en alguien, a diferencia del gobierno.
Sin embargo, funcionarios estatales y federales dicen que las víctimas de fraude pueden denunciar el crimen de manera anónima.
"Nosotros no preguntamos el status de una persona cuando llega a nuestra oficina", dijo José Pérez, subjefe de la oficina de fraudes al consumidor del estado de Nueva York. "Ese no es nuestro trabajo".
Las autoridades dicen que hay leyes, que entraron en efecto en el 2004, imponiendo restricciones a empresas que aseguran ser oficinas de asistencia a los inmigrantes.
Algunos funcionarios han dicho que esas leyes funcionan, y que han practicado arrestos de personas que se hicieron pasar por abogados de inmigración.
Pero Johnny Kline, del Proyecto de Acción Comunitaria, dijo que eso no es suficiente.
El exige que mayor cantidad de urbanizaciones divulguen la información correcta, y que también en el transporte público se informe a los indocumentados de sus derechos.
"Se trata de un problema que continuará apareciendo hasta que determinemos qué haremos con la inmigración en este país", señaló Kline.
Terra/AP