Desfile de congresistas colombianos ante la Corte Suprema

06/12/2006 - 14:59 (GMT)

El desfile de congresistas ante la Corte Suprema de Justicia, sindicados de asociación delictiva con los grupos paramilitares continuó el miércoles, mientras otro senador involucrado en el escándalo denunció que está amenazado de muerte y radicó su testamento sellado en una notaría, con los nombres de sus posibles asesinos.

Los senadores Mauricio Pimiento y Luis Eduardo Vives, ambos de la coalición que respalda al presidente Alvaro Uribe, se presentaron a rendir descargos en una investigación por el delito de concierto para delinquir agravado que tiene penas entre 6 y 12 años de prisión.

Ambos se habrían beneficiado de un posible fraude electoral, montado con los jefes paramilitares, que se adueñaron del poder político en los departamentos de Cesar, Guajira, Magdalena y Sucre desde las elecciones de 2002, según testigos e información que los investigadores han recopilado en un computador del jefe paramilitar Rodrigo Tovar Pupo, alias "Jorge 40".

El martes rindieron indagatoria durante 12 horas en el mismo proceso los senadores Dieb Maloof y Alvaro Araujo, líder del partido oficialista Alas-Equipo Colombia y hermano de la canciller María Consuelo Araujo. (La canciller Araujo está casada con un fotógrafo de la AP).

Dentro de este proceso ya hay tres legisladores presos y otros seis llamados a rendir indagatoria. La corte tiene 10 días de plazo, una vez escuchados los descargos de los congresistas, para decidir si ordena su encarcelamiento o los deja en libertad.

Entretanto, el senador oficialista Miguel de la Espriella, anunció en el Congreso el martes en la noche, que a raíz de haber revelado que decenas de dirigentes políticos y empresariales suscribieron un acuerdo con los jefes paramilitares en 2001, recibió graves amenazas que le hacen temer por su vida.

"He tomado la precaución de extender un testamento cerrado en una notaría para que en el caso de mi muerte "accidental" se publique en un diario de amplia circulación nacional el nombre de los que considero mis victimarios y las razones que tuvieron para asesinarme", dijo De la Espriella en una constancia que leyó en el Senado.

De la Espriella es uno de los mas estrechos aliados políticos del presidente Uribe que le solicitó publicar el texto del acuerdo y quienes lo suscribieron.

"No le he publicado porque no lo tengo en mi poder", dijo a la AP el senador, quien señaló que también es blanco de una campaña de desprestigio, incluyendo acusaciones de la Fiscalía de haber recibido dinero de un narcotraficante conocido como Miky Ramírez.

"El (Ramírez) nunca ha sido condenado por narcotráfico", aseguró el dirigente político. Agregó que espera ser llamado por la Corte Suprema para aclarar su situación.

En el capitolio circulan rumores que podría desencadenarse una oleada de crímenes para acallar testigos de la investigación sobre acuerdos de un grupo numeroso de dirigentes políticos con los jefes paramilitares para ejecutar fraudes electorales, apoderarse de los dineros públicos de los municipios y hasta asesinar potenciales enemigos u opositores.

El senador Gustavo Petro, vocero del Polo Democrático Alternativo (PDA), solicitó al presidente Uribe tomar medidas de seguridad para proteger a los familiares de los 59 jefes paramilitares que se desmovilizaron al amparo de un proceso de paz, pues podrían ser blanco de retaliaciones para evitar que confiesen a la justicia la verdad de sus relaciones con políticos, dirigentes empresariales y ganaderos.

"Puede haber una oleada de atentados contra los familiares de los jefes paramilitares detenidos", dijo Petro, uno de los líderes de la oposición en el Congreso.

El presidente de la Corte Suprema de justicia Yesid Ramírez denunció igualmente el martes que los magistrados investigadores y los testigos dentro del proceso contra los congresistas han sido amenazados y los sistemas informáticos del tribunal infiltrados.

Terra/AP