América Latina
06/12/2006 23:53 (GMT)
LA PAZ (Reuters) - El gobierno boliviano dijo el miércoles que garantizaba plenamente la Cumbre Sudamericana que se realizará el viernes y sábado, pese a una persistente crisis política interna que ha derivado una ola de huelgas de hambre.
La ministra de gobierno, Alicia Muñoz, dijo que la seguridad en Cochabamba, sede del encuentro presidencial, estará a cargo de al menos 4.000 policías y un número no revelado de militares, a quienes se sumarán unos 3.000 productores de coca, la base política y sindical del presidente Evo Morales.
El anuncio de medidas extraordinarias de seguridad fue hecho mientras el canciller, David Choquehuanca, insistía en que el gobierno esperaba reunir en la cumbre a todos los presidentes sudamericanos excepto el de Colombia, Alvaro Uribe.
El presidente de Bolivia, Evo Morales, lamentó el miércoles las protestas de sus opositores, calificándolas como "un golpe al proceso de cambio." "Protestan por los dos tercios, pero por debajo tienen otros intereses," aseguró.
Morales dijo a corresponsales de prensa extranjera que "las actuales protestas quieren hacer fracasar la Cumbre Sudamericana."
El conflicto se desató después de que la asamblea constituyente, dominada por el oficialismo, adoptó un sistema mixto de votaciones por mayoría simple y por dos tercios para aprobar el texto de la nueva constitución. La oposición derechista exige que todo sea aprobado por dos tercios.
Cochabamba, ubicada en el centro del país, se ha mantenido hasta ahora casi al margen de las disputas políticas entre el gobierno y sectores radicales de la oposición derechista, que realizan huelgas de hambre en otras cinco ciudades.
"Ningún presidente ha manifestado su preocupación de que esta cumbre estaría perjudicada por marchas o huelgas de hambre, nosotros consideramos que la cumbre es un desafío de todos," dijo Choquehuanca a la estatal Agencia Boliviana de Información (ABI).
SECUESTRAN PREFECTO
Pese a coincidentes llamamientos al diálogo, a la defensa de la democracia y a una tregua, el gobierno y los grupos de huelguistas de hambre no parecían dispuestos a ceder posiciones.
El miércoles se inició una 'contra huelga' en la provincia paceña de Caranavi, donde grupos de colonizadores y campesinos, que piden el respeto a la "simple mayoría" en la asamblea constituyente, tomaron como rehén al prefecto (gobernador) de La Paz, José Luis Paredes.
"No estoy de rehén sino que fuí secuestrado, porque me tienen aquí contra mi voluntad," declaró Paredes a la red radial Erbol desde Caranavi.
Activistas de derechos humanos, entre ellos el defensor del pueblo Waldo Albarracín, advirtieron el riesgo de nuevos choques violentos como los ocurridos el martes, cuando una turba desalojó a ayunadores de un templo católico de La Paz. Pero la ministra Muñoz dijo que la policía evitaría nuevos enfrentamientos.
El vicepresidente Alvaro García afirmó que las protestas contra el control oficialista de la asamblea provenían de "una élite que se resiste al cambio," mientras el portavoz gubernamental, Alex Contreras, dijo que algunos ciudadanos recibían pagos por ir a la huelga de hambre.
A las huelgas de hambre, en las que según medios locales participaban más de 500 personas en varios distritos, se sumaron el martes en la noche los 43 senadores y diputados de la alianza derechista Podemos, del ex presidente Jorge Quiroga.
"Lo que está en juego es la democracia, no sólo el reglamento de la asamblea," dijo a reporteros el senador Oscar Ortiz, en su sitio de ayuno en la sala de sesiones de la cámara alta. Ortiz participó el miércoles de una sesión paralela del Senado opositor, mientras que el oficialismo se reunió en otro sitio con quórum reglamentario.
También entre los ayunadores estaban cuatro de los nueve prefectos (gobernadores) regionales, quienes reclaman además garantías de que la asamblea constituyente establecerá un régimen de autonomías, y un grupo liderado por el novelista Juan Claudio Lechín.
Terra/Reuters