PERÚ-PENA MUERTE
19/12/2006 - 23:05 (GMT)
Lima, 19 dic (EFE)- La congresista peruana Keiko Fujimori, hija del ex gobernante Alberto Fujimori (1990-2000), propuso hoy que el Parlamento otorgue facultades extraordinarias al Gobierno para que legisle en materia antiterrorista, posibilidad considerada un "error" por la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos de Perú.
La parlamentaria señaló a la emisora CPN Radio que, en su opinión, esta medida permitirá al Gobierno "endurecer" las penas a los terroristas, supuestamente "ablandadas" durante la pasada gestión de Alejandro Toledo (2001-06).
El presidente peruano, Alan García, reiteró hoy la necesidad de instaurar en su país la pena de muerte para los terroristas, mientras que representantes de su partido pidieron al Congreso que dé prioridad al debate del tema.
La propuesta de Fujimori fue considerada "muy delicada" por el secretario ejecutivo de la Coordinadora, Pablo Rojas, quien señaló a la agencia oficial Andina que "el Congreso es la instancia que tiene las atribuciones para discutir si es necesaria una legislación" para combatir "contra esos criminales".
Rojas remarcó que los organismos de derechos humanos piden a las autoridades que apliquen las máximas sanciones a los autores del ataque terrorista que el sábado pasado causó la muerte de cinco policías y tres civiles en la región sur andina de Ayacucho.
"Estamos a favor de una sanción severa y firme para los delincuentes terroristas que han enlutado al país, pero no a favor de la pena de muerte", aseguró.
Añadió que una medida de ese tipo "tiene efectos internacionales contraproducentes", ya que Perú tendría que denunciar el Pacto de San José de Costa Rica y eso le "pondría en calidad de parias internacionales".
El artículo 140 de la Constitución peruana limita la pena de muerte para los delitos de traición a la patria en casos de guerra externa, pero esta sanción no se ha aplicado durante años, porque el país andino es signatario del Tratado de San José de Costa Rica de 1969.
En noviembre pasado, el Ejecutivo envió al Congreso un proyecto de ley para establecer la pena capital para los autores de atentados terroristas, lo que fue cuestionado por la oposición política y los organismos defensores de los derechos humanos.
La última semana, el director ejecutivo de Amnistía Internacional (AI) en Perú, Ismael Vega, consideró que esa propuesta del Gobierno es parte de una serie de "señales muy preocupantes" del Ejecutivo en materia de derechos humanos.
La Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) señaló en su informe final emitido en el año 2003 que la guerra interna peruana dejó más de 69.000 víctimas mortales, el 54 por ciento de ellas atribuibles a la banda armada Sendero Luminoso. EFE cas/dub/emr
Terra/EFE