Estados Unidos
10/01/2007 - 20:11 (GMT)
Un juez ordenó el bloqueo del primer esfuerzo de la fiscalía de Arizona de confiscar las presuntas ganancias del contrabando de inmigrantes indocumentados que llegan procedente de varios puntos de Estados Unidos al norte de México.
El juez Kenneth Fields de un tribunal superior de Arizona, revelado el miércoles en la mañana que el intento de la Procuraduría General estatal era inconstitucional y prohibió a la fiscalía que confiscara dinero que era enviado o recibido en Arizona.
Por más de cuatro años, la fiscalía se valió de órdenes judiciales especiales que les permitió incautar 17 millones de dólares en transferencias de dinero que llegaban a Arizona, que según las autoridades afirmaban eran pagos a los contrabandistas.
La fiscalía afirmó que sus esfuerzos fueron tan exitosos que los contrabandistas comenzaron a desviar el envío de pagos procedentes de otros estados estadounidenses hacia el estado de Sonora, en el norte de México, pese a que los contrabandistas seguían introduciendo a inmigrantes indocumentados a través de Arizona. Por lo cual ampliaron el programa de confiscación a dinero enviado directamente a México.
La empresa Western Union, que es la principal vía de transferencia de dinero en Arizona, protestó la incursión hasta México y en septiembre solicitó a un juez que dictara una orden temporal que impidiera la confiscación.
La orden más reciente del juez Fields, de la Corte Superior del condado Maricopa, dicta que la fiscalía no tiene jurisdicción sobre las transferencias de dinero y tampoco ha demostrado que los clientes de Western Union señalado estén involucrados en delitos.
"Llevamos este caso a los tribunales porque sentimos que es nuestro deber la defensa de los derechos de nuestros consumidores", destacó Christina Gold, presidente y directora ejecutiva de Western Union, en una declaración.
Andrea Esquer, portavoz del Procurador General de Arizona, Terry Goddard, se abstuvo de hacer declaraciones el miércoles por la mañana.
La empresa con sede en Englewood, Colorado, alegó en su demanda que la fiscalía estatal no tiene poder en interferir con las transferencias de dinero a otro país.
Antes de que el juez dictara una orden de suspensión temporal en septiembre, la fiscalía había confiscado transferencias de 500 dólares o más, procedentes de otros estados a 26 locales de Sonora. Unos 200.000 fueron incautados en tres días.
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Terra/AP