Estados Unidos
05/02/2007 - 21:13 (GMT)
Cuando la salvadoreña Irma Yolanda Membreno quiso pedir asilo político en Estados Unidos, acudió a un notario público.
Una mala traducción de los documentos legales le costó miles de dólares, el rechazo de su solicitud y la pérdida de su permiso laboral y su trabajo, según una demanda que presentó.
Su caso es parecido al de muchos inmigrantes latinoamericanos que contactan a notarios públicos, convencidos de que tienen los mismos conocimientos y las mismas facultades que los de sus países. En Estados Unidos, sin embargo, los notarios no tienen licencias que los habilitan para dar asesoría legal. Lo único que pueden hacer es tomar juramentos y presenciar firmas de documentos.
Esta confusión es terreno fértil para estafadores, que embaucan a inmigrantes con pocos conocimientos de inglés y de la forma como opera la justicia estadounidense, según abogados de inmigración.
Es un problema cada vez más grave, como ilustra el caso de la esposa colombiana de un legislador del estado de Georgia que casi fue deportada el año pasado luego de cometer irregularidades, asesorada por un notario. Rara vez los notarios que engañan a la gente son llevados ante los tribunales, porque generalmente sus víctimas están en el país ilegalmente y temen denunciarlos.
Charles Kuck, vicepresidente de la Asociación de Abogados de Inmigración de los Estados Unidos, dijo que los inmigrantes no son las únicas víctimas de notarios que se hacen pasar por abogados. Afirmó que los documentos fraudulentos presentados por notarios representan "un despilfarro increíble de dinero de los contribuyentes".
"A los jueces les resulta más difícil procesar los casos de asilo reales cuando hay que revisar tanta basura", expresó Kuck. "En lugar de 200 solicitudes, tienen 2.000".
Ceja Enterprises Inc., de Nashville, dice en publicidad en español que es una agencia que ofrece asistencia legal, incluida la presentación de documentos de inmigración. Pero su dueña, Carmen Ceja, es tan solo una notaria.
El abogado Sean Lewis, quien maneja la demanda presentada por Alemán contra Ceja, dijo que muchos notarios ofrecen servicios que no están en condiciones de proveer, como la tramitación de divorcios o trámites relacionados con el fisco. (El servicio de inmigración está reconsiderando la solicitud de asilo de Alemán, quien permanece en el país al amparo del Estatus de Protección Temporal que se concede a víctimas de guerras civiles o desastres naturales).
Rudi González, un mexicano que vive en Nashville y participa en la demanda contra Ceja, dijo que fue a la oficina de la notaria para que lo ayudase a preparar un documento estipulando los términos de un préstamo de 3.000 dólares que pensaba hacer.
"Vi carteles y avisos en los diarios, y unos amigos me dijeron que la fuese a ver porque podía prepararme una carta, igual que un abogado, y asumir la responsabilidad si no me pagaban", expresó González.
Lo que le preparó Ceja fue una carta mal escrita en inglés, que no mencionaba los intereses del préstamo, según relató. Cuando el prestatario dejó de pagar, González le pidió a Ceja y sus socios que lo demandasen, y el mexicano terminó abonándole otros 5.000 dólares al estudio, de acuerdo con la demanda. González no vio un centavo todavía.
El abogado de Ceja, Geoffrey Coston, dice que la gente que complicó los trámites no está relacionada con la notaria y por lo tanto ella no puede ser considerada responsable.
Aseguró que lo único que hace el estudio de Ceja es llenar formularios, en base a los datos que le dan los clientes, pero no ofrece asesoría legal.
Sostuvo que el cartel en la puerta del estudio en el que se ofrece asistencia legal estaba equivocado e iba a ser retirado. Y destacó que en la tarjeta de presentación de Ceja dice claramente "notario público".
"La mayor parte de la gente que la va a ver sabe que no es una abogada. Van con ella porque no pueden pagarle a un abogado", declaró Coston.
En Georgia, Sascha Herrera, esposa colombiana del senador estatal Curt Thompson, casi fue deportada hace poco tras utilizar un notario convencida de que era un abogado. Herrera vino a Estados Unidos en el 2003 con una visa temporal y solicitó una extensión del permiso de estadía mediante un notario, Tomás Vilela. Indicó que el notario, en lugar de hacer ese trámite, presentó una solicitud de asilo sin su consentimiento.
Herrera nunca supo que se había hecho esa solicitud y no asistió a varias citas, hasta que el servicio de inmigración ordenó su deportación. Un juez reconsideró luego la orden.
El abogado de Vilela dijo que su cliente no cometió irregularidad alguna.
Kuck expresó que hay "decenas de miles de casos" como el de Herrera y que cualquier reforma a las leyes de inmigración debe incluir medidas para combatir las actividades de estos notarios que ofrecen a los inmigrantes servicios que no pueden prestar.
De lo contrario, declaró, "habrá multitudes de notarios que tratan de estafar a la gente" que intenta regularizar su situación.
En los cuatro años que lleva en funciones, el procurador general de Texas, Greg Abbott, desenmascaró a unas 40 personas que se hacían pasar por abogados de inmigración o como asesores en esas cuestiones. Muchos de ellos eran notarios.
Su portavoz Paco Felici dijo que muchas de las víctimas eran gente que reúne los requisitos para pedir la residencia legal en Estados Unidos. "Pero acuden a notarios u otra gente que no está habilitada y cometen incorrecciones en sus solicitudes, y terminan enfrentando órdenes de deportación que amenazan con destrozar sus familias".
Terra/AP