Valley Park aprueba ordenanzas contra indocumentados

06/02/2007 - 22:11 (GMT)

Un suburbio de San Luis aprobó otras dos ordenanzas dirigidas a mantener a inmigrantes indocumentados fuera de su comunidad.

El lunes Valley Park aprobó medidas que castigan a propietarios de bienes raíces y comercio que le alquilen o contraten a inmigrantes indocumentados. Una ordenanza requiere que los propietarios de bienes raíces soliciten permisos de ocupación para obtener, entre otras, la ciudadanía de los inquilinos y la relación que tengan con otros inquilinos.

La otra le niega licencias de funcionamiento y contratos con la ciudad a firmas que contraten a inmigrantes indocumentados.

Las medidas se presentan aunque un juez había bloqueado antes otras dos ordenanzas contra los inmigrantes indocumentados. En julio aprobaron una ordenanza declarando al inglés el idioma oficial de la ciudad. La medida también contenía un castigo de multa de 500 por alquilarle a inmigrantes indocumentados y también castigaba a los comercios que contrataran a inmigrantes indocumentados.

En septiembre un juez del condado de San Luis bloqueó el rigor de la ordenanza. Este fallo causó que Valley Park aprobara una ordenanza revisada que dice que los propietarios de bienes raíces y de comercios tienen que definir si sus inquilinos se encuentran en el país legalmente.

El juez también bloqueó esa ordenanza. Audiencias sobre el bloqueo están programadas para el 1 y 2 de marzo. Las nuevas ordenanzas aprobadas el lunes no entran en efecto hasta cuando esas audiencias se produzcan.

La Unión de Libertades Civiles Americana y otras organizaciones han retado la ordenanza como inconstitucional.

Florence Streeter, una propietaria quien también es una de los demandantes que se oponen a las ordenanzas, le dijo a uno de los concejales que el tema de inmigración era uno federal. Dijo además que las leyes promocionan la discriminación por medio perfiles raciales que los obligan a decidir a quien alquilarle basándose en la raza o ascendencia étnica.

"Estoy en contra de un pequeño grupo de personas que pasan leyes que tienen implicaciones estatales y mundiales", anotó Streeter. "Las ordenanzas han puesto mucha tensión sobre la comunidad", advirtió.

El alcalde Jeffery Whitteaker dijo que el litigio que cuesta unos 75.000 dólares no detendrá el trabajo de la ciudad en contra de los inmigrantes indocumentados.

"Nos mantendremos firmes y con suerte resolveremos este problema", dijo Whitteaker. "Ya no nos podemos detener", concluyó.

Terra/AP