Empresarios dicen que Gobierno envía mensajes equivocados a inversionistas

25/02/2007 - 17:28 (GMT)

Managua, 25 feb (ACAN-EFE)- El presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP) de Nicaragua, Erwin Krüger, dijo hoy que el Gobierno que preside el sandinista Daniel Ortega está enviando "mensajes" equivocados a los inversionistas.

Según el empresario, la decisión de la Procuraduría General de Nicaragua de anular el contrato de concesión para la explotación de energía geotérmica a la compañía Polaris Energy Nicaragua S.A.

(Pensa), subsidiaria de la canadiense Polaris Geothermal Inc. (PGI), no es una buena señal.

La Procuraduría dejó sin validez a partir de ayer la concesión a Pensa, en base a un dictamen emitido en marzo de 2004 por el ente fiscalizador (Contraloría General de la República) por el supuesto incumplimiento al contrato de concesión.

Krüger, directivo de Pensa hasta septiembre de 2005, declaró al canal 2 de la televisión local que existe una contradicción entre el mensaje de Ortega, de promover las inversiones en el país, y la resolución de la Procuraduría, que depende del Ejecutivo.

El COSEP aglutina doce cámaras empresariales y tres asociaciones, las más importantes de este país centroamericano.

La Procuraduría decidió dejar sin efecto el contrato de concesión a Pensa, bajo el argumento que de 66 megavatios de energía que debería estar produciendo, según el contrato, sólo han logrado 7,6 megavatios.

Esa empresa tenía, desde 1999, la exclusividad por 20 años del contrato para la explotación de energía que proviene del calor de la tierra en el campo San Jacinto Tizate, ubicado al noroeste de Managua.

Pensa informó en un comunicado de que estudiarán las implicaciones legales de la decisión gubernamental y anunciarán, en su momento, su posición ante la opinión pública.

Sin embargo, se declararon "sorprendidos" por el dictamen legal de la Procuraduría que, según la empresa, "contradice el mensaje de la Presidencia de la República en relación a la seguridad de la inversión extranjera".

El Gobierno de Ortega también analiza si la empresa española Unión Fenosa, encargada de distribuir la energía eléctrica en este país centroamericano, ha cumplido con el contrato de concesión suscrito en 2000. ACAN-EFE lfp/lbb

Terra/EFE