En espera decisión corte federal sobre derechos inmigrantes en Pensilvania

23/03/2007 - 22:15 (GMT)

Ruth E. Hernández Beltrán Nueva York, 23 mar (EFE). - El juicio promovido por varias organizaciones en contra de la ordenanza en Hazleton, que prohíbe alquilar vivienda o contratar indocumentados, ha concluido y la Corte Federal en Pensilvania dará a conocer su decisión en unas semanas.

El juez que preside el caso, en el tribunal federal en Scranton, James M. Munley, ordenó a los abogados de las organizaciones de derechos civiles y de la municipalidad de Hazleton entregar su sumario el próximo 7 de mayo, luego de lo cual tomará una decisión.

Este caso ha llamado la atención nacional por ser el primero que llega a una corte federal.

Durante dos semanas, Munley escuchó los argumentos de varios testigos presentados por la Unión de Libertades Civiles (ACLU) y del Fondo Legal y Educativo Puertorriqueño, y otras organizaciones, así como de los abogados de la ciudad.

Los grupos que buscan derogar la controvertida medida, aprobada el año pasado pero que aún no se pone en marcha por orden de la corte, sostuvieron que la localidad de Hazleton, Pensilvania, se extralimitó en su autoridad al aprobar una severa ordenanza antiinmigrante que busca invalidar las leyes federales.

Desde que se presentó la ordenanza el año pasado -de la autoría del alcalde Lou Barletta- el Fondo Puertorriqueño, que ha encabezado varias demandas en defensa de los inmigrantes, ha sostenido que sólo el Congreso tiene la autoridad para regular la inmigración.

Los abogados pidieron al juez Munley que derogue la ordenanza porque contraviene la Constitución y según César Perales, presidente fundador del Fondo, están optimistas en que ganarán la demanda.

"De lo contrario" dijo a Efe, "apelaremos a la Corte de Apelaciones".

De ponerse en práctica, la ordenanza impondría penalidades a quienes alquilen vivienda o contraten indocumentados e, incluso, los negocios podrían perder su licencia. Además, la medida hace del inglés el idioma oficial en Hazleton.

Testimonios de oficiales de la ciudad revelaron que el alcalde y el Concejo urgieron la aprobación de la medida sin conducir ninguna investigación, de acuerdo con el Fondo.

Un principal testigo, llamado por los abogados que buscan derogar la medida fue el alcalde Barletta, quien defendió su ordenanza insistiendo en que los indocumentados se están uniendo a pandillas y son responsables por el incremento en la criminalidad.

También argumentó que las escuelas están llenas y que el tiempo de espera en los hospitales es mayor y que han aumentado los gastos debido a la población indocumentada, pero no presentó estadísticas.

"Culpó por todos los problemas del municipio a los indocumentados. Pudimos probar que ellos (autoridades) no sabían cuáles eran indocumentados y los documentados", argumentó Perales.

"No pudieron presentar ninguna prueba de que hay un gran número de personas indocumentadas en Hazleton. Simplemente saben que ahora hay muchos latinos que ahora viven en Hazleton y pudimos probar que eso no indica que son indocumentados", sostuvo el abogado.

El jefe de la policía de la ciudad Robert Ferdinand tampoco pudo probar que los indocumentados son responsables por el alza de la criminalidad que alega ha habido en su municipio ya que los índices de la delincuencia disminuyeron mientras aumentaba la población.

Ferdinand admitió en su testimonio que las estadísticas del departamento que dirige revelan que en el 2006 hubo apenas 40 delitos más que en el 2001, a pesar de que en el ínterin creció la población latina.

También tuvo que reconocer que muy pocos indocumentados fueron arrestados, aunque el alcalde insistió que para él: "un crimen por indocumentado es suficiente para mi".

Entre los testigos figuraron además un gran número de latinos que dijeron lo que han sufrido con esta ordenanza.

"Aunque nunca se puso en efecto, la ley estableció un clima antiinmigrante, anti hispanos y ellos dijeron que fueron testigo de lo que han pasado", señaló Perales al destacar lo que considera los puntos más importantes de las dos semanas de juicio.

"Muchos (de los testigos) han perdido sus negocios o no pudieron alquilar sus casas, a otros los insultaban en la calle y otros recibieron cartas insultantes", comentó.

Algunos de los testimonios se presentaron por escrito, en declaraciones juradas por temor ya que son indocumentados.

Según Anthony Romero, director del ACLU, "la ciudad de Hazleton está promoviendo la discriminación".EFE rh/cs

Terra/EFE