INMIGRACIÓN/DEMANDA
06/07/2007 - 21:42 (GMT)
Antonio Martín Guirado Washington, 6 jul (EFE)- La Asociación Americana de Abogados de Inmigración (AILA) presentará una demanda colectiva contra el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) tras la decisión de no aceptar nuevas solicitudes de residencia permanente hasta el próximo otoño.
Crystal Williams, directora asociada de programas de AILA, manifestó a Efe que la demanda federal está siendo actualmente redactada y será introducida en próximas fechas.
Williams señaló que la demanda colectiva será presentada por AILA, el Centro de Acción Legal de la Fundación de Abogados de Inmigración -organización hermanada con AILA-, un número indeterminado de abogados y varios individuos afectados por la decisión de la agencia federal de inmigración.
La integrante de AILA espera que la resolución judicial obligue al USCIS a aceptar las solicitudes presentadas aunque no se adjudiquen finalmente las tarjetas de residencia.
Esa decisión permitiría a los inmigrantes obtener una autorización para trabajar, viajar o incluso cambiar de empleo, explicó Williams.
El problema surgió cuando el Departamento de Estado anunció el pasado 12 de junio que habría disponibles unas 60.000 tarjetas de residencia permanente para trabajadores de "alta cualificación" a partir del primer lunes de julio.
Miles de inmigrantes se apresuraron a obtener los documentados certificados necesarios, pagar los tarifas (325 dólares para obtener la tarjeta de residente, 80 dólares por los datos biométricos más los servicios de los abogados) y enviar las solicitudes.
Pero el 2 de julio, el Departamento de Estado anunció que no había más tarjetas de residencia disponibles tras alegar que las 60.000 de las que se había hablado fueron asignadas en las últimas semanas y fueron a parar a peticiones atrasadas.
Como resultado de esta decisión, los inmigrantes que soliciten la residencia permanente deberán esperar al inicio del próximo año fiscal (1 de octubre de 2007) para hacerlo, aunque para entonces tendrán que abonar las nuevas tasas de ese trámite, que ascienden a 930 dólares cuando en octubre de 2006 costaban 325 dólares.
William Wright, portavoz del USCIS, manifestó a Efe que su organización ya tenía demasiadas solicitudes pendientes como para aceptar otras nuevas, por lo que el organismo solicitó al Departamento de Estado que modificase el anuncio hecho en junio.
"No creo que haya habido una falta de comunicación entre ambas instituciones, aunque realmente podría haber sido mejor", afirmó Wright.
En cambio, Wright declinó hacer comentario alguno sobre la futura demanda interpuesta por AILA en vistas a "posibles litigios futuros".
Murtuza Bahrainwala, un médico indio de 38 años que trabaja en el Hospital Decatur Memorial de Illinois, fue uno de los inmigrantes que pensaron que el anuncio hecho público por el Departamento de Estado en junio supondría su oportunidad para obtener la tarjeta de residencia.
"He pasado del éxtasis absoluto a la depresión más profunda", indicó Bahrainwala al rotativo "The New York Times".
Para Jesús Moreno, director de comunicación del Comité Hispano de Virginia, la demanda resulta bienintencionada aunque duda que obtenga los éxitos que pretende.
"Los gobiernos tienen la potestad para decidir y cambiar las regulaciones y siempre encontrarán argumentos legales para corroborar que las decisiones tomadas son correctas", explicó Moreno.
"Estoy totalmente de acuerdo con el propósito de la demanda, pero al fin y al cabo, son los gobernantes quienes deciden cómo, cuándo y de qué manera entran los inmigrantes al país", agregó.
Moreno apuntó que aunque las cuotas de dinero enviadas por las personas que aspiraban a hacerse con uno de los visados serán devueltas por el USCIS, hay que enmendar el "daño moral".EFE mg/mla/ma
Terra/EFE