Una maraña de mafias detrás de la rentable adopción fraudulenta en Guatemala

14/08/2007 - 18:40 (GMT)

Aunque el mayor de los 46 niños guatemaltecos que fueron localizados en un hogar ilegal sólo tiene tres años, los infantes ya se encuentran en medio de una maraña de mafias que se dedican a la adopción fraudulenta y que genera unos 200 millones de dólares anualmente.

Propiedad del estadounidense Cliford Phillips y de su esposa guatemalteca Sandra González, la casa hogar denominada Casa Quivira está legalmente inscrita desde hace unos cinco años, pero los trámites que realizan para las adopciones son fraudulentos, dijo a la AFP un investigador.

La vivienda, ubicada en las afueras de la turística Antigua Guatemala, 47 km al oeste de la capital, es blanca y sus 16 grandes ventanas le dan un toque del siglo XVIII.

Se sitúa en un área residencial denominada Panorama y está equipada con incubadoras y una miniclínica para atender a los infantes, cuyas edades oscilan entre los seis días y tres años.

Los 46 menores fueron localizados el sábado y según la Policía Nacional Civil estaban listos para ser dados en adopción de manera fraudulenta.

Este martes un Juzgado de la Niñez ordenará su traslado a otros hogares que funcionan legalmente en la jurisdicción de Antigua Guatemala bajo la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia, confió el delegado de la Procuraduría General de la Nación (PGN) de Guatemala, Carlos Azurdia.

Aunque la casa hogar funciona legalmente, los abogados en ningún momento entregaron a un juzgado de menores las actas notariales donde los padres aceptaban darlos en adopción, un requisito indispensable para realizar el trámite, agregó.

Según la titular de la Procuraduría de la Niñez de la PGN, Josefina Arellano, el hogar desmantelado no tenía la documentación completa de ninguno de los 46 menores (23 niñas e igual número de niños).

Las dos abogadas que se encontraban en el hogar cuando se ejecutó el allanamiento, Sandra Leonardo y Vilma Zamora, se internaron en un centro asistencial argumentando quebrantos de salud, pero un juez las acusó de sustracción de menores y ordenó su prisión preventiva.

Las adopciones se han convertido en un negocio para abogados guatemaltecos que mueve unos 200 millones de dólares al año.

Las autoridades guatemaltecas presumen la existencia de mafias vinculadas a este tráfico infantil, que ha originado que en diferentes áreas del país, principalmente en poblados indígenas, se hayan registrado al menos siete linchamientos de personas acusadas de dedicarse al robo de niños.

Ante ello, el gobierno de Estados Unidos determinó que a partir de pasado 6 de agosto practicaría dos examenes de ADN a la madre que daba en adopción a su hijo en vez de uno, como era hasta esa fecha.

La sede diplomática estadounidense en Guatemala explicó que la decisión se implementará "en respuesta a preocupaciones sobre el proceso de adopción sin regulación en Guatemala".

El Congreso guatemalteco ratificó en mayo pasado el Convenio de La Haya, una exigencia de Estados Unidos, que advirtió que dejaría de autorizar adopciones de menores procedentes de países que no trabajan con las mismas normas.

Este Convenio obliga a cada uno de los Estados que lo han signado a nombrar una autoridad central responsable de reglamentar las adopciones en los países de origen de los padres adoptivos y de los menores.

Los diputados guatemaltecos deben promulgar una ley de adopciones que se ajuste a los estándares internacionales, aunque la falta de voluntad política, según las organizaciones sociales, la mantienen paralizada.

Cifras de la Procuraduría Nacional de la Nación indican que anualmente se autorizan más de 4.000 adopciones, un 95% a ciudadanos estadounidenses.

Terra/AFP