La Defensora de los Habitantes (Defensor del Pueblo), Ofelia Taitelbaum, dijo hoy a medios locales que representantes de esas comunidades denunciaron, entre otras cosas, que oficiales del Ejército nicaragüense obligan a los niños que van a la escuela en bote a reportarse ante ellos, así como al personal de salud de la zona.
Además, según los vecinos, se han dado decomisos de productos y algunos cobros de peaje por la navegación, algo que quedó prohibido por la sentencia de la CIJ, emitida en julio del año pasado y que dio por cerrada una larga disputa acerca de los derechos de cada país respecto al fronterizo río.
"Esperamos que no sea algo grave y que no signifique un problema con los vecinos del norte", manifestó la defensora.
El vicecanciller costarricense, Edgar Ugalde, confirmó a la emisora Columbia que mañana irá con Taitelbaum a la comunidad rural de Boca Tapada de San Carlos, cerca de la frontera, para reunirse con vecinos de la zona y escuchar sus quejas.
Según Ugalde, aún no hay ninguna denuncia formal, por lo que desea escuchar las consultas de los habitantes antes de emitir ningún criterio.
El vicecanciller explicó que "la Corte le dio la facultad a Nicaragua de regular la navegación, pero la idea es hacer los esfuerzos por implementar la sentencia de la mejor manera posible, recordando que ésta le faculta a los ribereños desplazarse por el río sin ningún obstáculo".
La sentencia de la CIJ reconoció la soberanía de Nicaragua sobre el río San Juan, pero también los derechos perpetuos de navegación de Costa Rica en un trecho de 140 kilómetros con algunas limitaciones definidas por los nicaragüenses. ACAN-EFE nda/jlp
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