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 Kirchner dice que en Argentina se acabó la impunidad
2 de Septiembre de 2003 14:24 actualizado a las 14:33

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Foto: Militares argentinos conducen un registro a un civil en 1977

El presidente Néstor Kirchner dijo el martes que con la anulación de dos leyes exculpatorias de militares que violaron derechos humanos, "esperamos lograr que se termine con la impunidad y se reinstaure la justicia en la Argentina".

2/Sep/2003.-Kirchner formuló el comentario mientras el ministro de defensa, José Pampuro, confirmaba que unos 600 militares, casi todos retirados, están involucrados en dos causas por violar derechos humanos, cuya reapertura resolvió la Cámara Federal de esta capital.

"En la Argentina tiene que haber justicia y memoria. Ahora con la nulidad de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida se da la posibilidad de restaurar la justicia en nuestro país", afirmó Kirchner, en una ceremonia en la ciudad de Paraná, 500 kilómetros al nordeste.

Por fallo unánime de sus cinco jueces, la Cámara Federal ordenó el lunes sacar del archivo y reactivar los procesos iniciados en 1984 contra los responsables de los crímenes de lesa humanidad ocurridos en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) y en el Primer Cuerpo de Ejército.

Fueron dos de los principales centros de detenciones ilegales, torturas y ejecuciones sumarias que se perpetraron durante la dictadura instaurada en 1976.

Los juicios se "desactivaron" a partir de 1986, cuando el entonces presidente Raúl Alfonsín, bajo la amenaza de insubordinaciones militares, obtuvo del Congreso la aprobación de las dos leyes exculpatorias. Se estima que unos 1,300 militares fueron beneficiados por esas leyes.

Diecisiete años más tarde, con un panorama nacional totalmente diferente, el Congreso concluyó el 21 de agosto el proceso de anulación de ambos textos exculpatorios. Su primera consecuencia fue la reapertura de las dos causas.

El pronunciamiento de la Cámara Federal ocurrió casi simultáneamente con la decisión del juez Rodolfo Canicoba Corral de poner en libertad el lunes a 39 militares y un civil, que había detenido preventivamente a pedido del juez madrileño Baltasar Garzón. Pero el gobierno español informó que en discrepancia con Garzón, no pediría la extradición de esos argentinos.

Los detenidos, salvo ocho que tenían otras causas judiciales pendientes, quedaron en libertad a partir de la madrugada del martes.

Kirchner está presionando a la Corte Suprema para que no demore más su pronunciamiento sobre la constitucionalidad de las dos leyes exculpatorias.

El gobierno no ignora que en opinión de muchos juristas, el Congreso no puede anular leyes, sino solamente derogarlas. La facultad de declararlas nulas correspondería únicamente al Poder Judicial.

Pero la Corte Suprema, sobre algunos de cuyos miembros pende la amenaza de juicio político por supuesto "mal desempeño", ha demorado su pronunciamiento. Varios tribunales inferiores ya declararon inconstitucionales las dos leyes.

El secretario de derechos humanos del gobierno, Eduardo Luis Duhalde, advirtió el martes a la Corte Suprema que "no hay razón para que siga postergando una definición sobre la validez de las leyes de obediencia debida y punto final".

"La Corte Suprema tiene sus tiempos, pero también los tiene la sociedad", dijo Duhalde, quien no tiene ningún parentesco con el ex presidente del mismo nombre. "Existen abundantes razones y motivos para que se decrete la inconstitucionalidad de ambas leyes", afirmó.

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