La nota del Ministerio de Asuntos Exteriores señala que dado que Libia no es un país signatario de la Convención sobre Asilo de 1951 la presencia de una oficina del ACNUR es contraria a su legislación.
"El Gobierno libio no ha firmado ningún acuerdo con el ACNUR y no reconoce su presencia en nuestro territorio por lo que sus actividades son completamente ilegales", dice el comunicado el cual añade que la representación del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en Trípoli había sido advertida de esa situación en el pasado.
Exteriores indica que las autoridades libias autorizaron en 2001, de modo excepcional, la presencia de un representante del ACNUR "con el objetivo de cumplir una misión precisa en el marco de las actividades del PNUD", aunque no precisa la naturaleza de la misma.
El representante del ACNUR "no abandonó Libia al final de su misión y "comenzó y prosiguió actividades ilegales", según el texto.
"Es sorprendente que semejante comportamiento pueda provenir del representante de un organismo internacional sin respetar la legalidad internacional, así como la soberanía de los Estados y sus decisiones", considera el Gobierno libio.
La portavoz del ACNUR, Melissa Fleming, anunció el martes en Ginebra que Libia había ordenado a la organización abandonar el país, aunque no les había proporcionado ninguna explicación sobre las causas de esa decisión.
El ACNUR, que trabajaba en el país desde 1991, prestaba ayuda a una parte de los 9.000 refugiados registrados en Libia y a 3.700 solicitantes de asilo.
La decisión de Libia se produce después de un incidente registrado a comienzos de esta semana cuando un bote con veinte emigrantes ilegales se encontraba a la deriva en aguas próximas a las costas de Italia y Malta, a pesar de lo cual no fue rescatado por los guardacostas de ninguno de estos países.
La embarcación, donde había tres mujeres y un niño de ocho años, fue finalmente remolcada por un navío libio hasta su territorio, el mismo donde habían iniciado su travesía. EFE sk-jg/msr

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