"La iniciativa de suspender las visitas a los penales con pandilleros se fundamenta en que, según registros oficiales, desde ahí se ordena la mayoría de asesinatos y extorsiones que mantienen en incertidumbre a la población", detalló en un comunicado la Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA).
En la propuesta, que fue entregada hoy al Ejecutivo, la organización política indicó que, "a la fecha, la población penitenciaria supera los 22.130 internos y cada uno puede ser visitado por 10 personas".
"Es decir, que 1.300 custodios penitenciarios resultan insuficientes para controlar a más de 200.000 visitantes, muchos de ellos cómplices de los internos para la comisión de delitos", argumentó el grupo político, que respalda la declaración de "urgencia en el sistema penitenciario".
La propuesta pide concentrar la medida en los penales de las localidades de Zacatecoluca, Ciudad Barrios, Gotera, Quezaltepeque, Cojutepeque y Chalatenango, al señalar que "desde ahí se ordenan jugosas extorsiones que representan más de 750.000 dólares para los delincuentes".
GANA, que surgió de una división del partido derechista Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), cuenta con 12 de los 84 diputados en la Asamblea Legislativa.
Al dar detalles sobre las recomendaciones, el diputado Guillermo Gallego pidió la militarización del transporte público.
"Más del 80 por ciento de la población se moviliza en dicho servicio, donde los delincuentes hacen de las suyas robando a pasajeros y asesinando a empleados del transporte público", alertó Gallegos, y dijo que responden a un "clamor" de los transportistas.
El documento propuso, igualmente, que efectivos militares protejan las terminales de autobuses y se controle el personal que trabaja en este sector.
También prevé que se declaren estados de excepción en las "áreas de mayor incidencia de pandillas" y se considere una ley de extinción de dominio que permita que "los recursos incautados por decreto especial sean transferidos a la Policía, la Fiscalía y la Fuerza Armada".
Los planteamientos se conocieron después de que el Gobierno del presidente Mauricio Funes puso en marcha el pasado viernes una política de seguridad con la que espera atajar la ola de violencia que azota al país y causa, en promedio, 13 muertes al día. ACAN-EFE lb/lbb
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