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 Presentan demanda colectiva por fallos en educación de reos juveniles en L.A.
12 de Enero de 2010 18:11

Iván Mejía Los Ángeles, 12 ene (EFE)- Abogados de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) presentaron hoy una demanda contra la oficina de educación del condado de Los Ángeles por no proveer estudios a reos juveniles del correccional de Lancaster.

"Esta demanda es por la falla total de proveer educación básica a jóvenes encarcelados para prepararlos para reintegrarse a la sociedad y convertirse en ciudadanos productivos", dijo en conferencia de prensa Mark Rosenbaum, abogado y representante de ACLU del sur de California.

La querella interpuesta a nombre de Casey A.; Carl C. y Miguel B.

ante la corte federal del distrito de Los Ángeles es contra Darline Robles, superintendente de la Oficina de Educación del condado de Los Ángeles.

Otros de los demandados son William Elkins, director de la división educativa de las escuelas de la corte juvenil del Departamento de Educación del condado; Lauren Ramos-Allen, directora del Centro Educativo Challenger (Lancaster) y el Departamento de Libertad Condicional del condado de Los Ángeles.

"Hemos descubierto que el joven Casey A., que pasó sus años de secundaria en el Centro Memorial Juvenil Challenger y que le fue dado un diploma de graduación de secundaria, desconoce lo que dice el diploma porque no sabe leer ni escribir", destacó.

Rosenbaum indicó que el correccional Challenger ya es objeto de una investigación por parte del Departamento de Justicia de EE.UU.

sobre maltrato y mala supervisión educativa de los jóvenes encarcelados, en su mayoría hispanos y afroamericanos.

"En el caso de Casey A. en las horas de clases fue puesto a pintar barracas, recoger basura y cortar pasto", explicó el abogado de ACLU.

"Los estudiantes en Challenger son excluidos de las aulas por pedir mejoras en las clases, por pedir que les enseñen a leer y escribir; además se les castiga poniéndolos afuera de los salones de clases bajo temperaturas de 100 grados Fahrenheit", denunció.

David Sapp, abogado de ACLU, detalló que en el centro de detención en Lancaster hay alrededor de 650 jóvenes con edades que oscilan entre los 13 y 19 años; pero no tienen porcentajes específicos sobre los grupos étnicos a los que pertenecen los reclusos.

"En el sistema de escuelas para jóvenes detenidos en todo el condado angelino sabemos que el 60,5 por ciento es hispano", aseguró.

Entre los seis representantes legales de los demandantes se encuentra Laura Faer, abogada del proyecto para los derechos de los niños del centro legal "Public Counsel", quien dijo a Efe que entre los jóvenes se encuentra un hispano que por temor a represalias dentro de la escuela correccional lo identifican con el seudónimo de Miguel B.

De acuerdo con documentos de corte, Miguel B. llegó al centro Challenger en julio de 2009. Dos veces a la semana su profesor le pasaba fotocopias de los materiales de lectura bajo la puerta de una celda de confinamiento, no tenía interacción con otros estudiantes y no podía consultar al maestro cuando no entendía los materiales.

En una ocasión que recibía clases en un aula le fue negado permiso para ir al baño por no haber acumulado suficientes puntos para ganarse ese derecho y al orinarse en los pantalones fue expulsado de la clase durante ese día.

"El objetivo de la demanda es para reformar el sistema, porque a estos niños no les están dando la educación que necesitan y que tienen derecho de tener bajo las leyes estadounidenses", indicó.

"El sistema educativo para los niños detenidos está roto y lo que queremos es que cuando ellos salgan de nuevo a nuestras comunidades salgan mejor educados de cómo llegaron y sean capaces de entrar en las escuelas, completar su educación, y participar en nuestra sociedad", finalizó Faer.EFE im/ma Los esfuerzos de Efe por escuchar la reacción de la superintendente Robles resultaron infructuosos.

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